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Lo Que Abunda No DaÑa: ResoluciÓn 731 De 2020

13/05/2020 20:43 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

ANTECENDENTES JURÍDICOS

La Constitución Política de Colombia señala en su artículo 48 que: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante

A su vez el artículo 49 de la Constitución Política señala que: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad

Lo anterior indica que la seguridad social y la salud son servicios públicos de carácter obligatorio que se prestarán bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley; y que por tanto en buen romance corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud.

La Ley 1715 de 2015 ( Ley Estatutaria de la Salud) dispone que la Salud en Colombia es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, con el fin de alcanzar su preservación, mejoramiento y promoción; sobre este respecto, señaló nuestra Honorable Corte Constitucional en Sentencia C- 313 DE 2014 ( Que precisamente se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 1715 de 2015) que: "El atributo de la irrenunciabilidad predicable de un derecho fundamental pretende constituirse en una garantía de cumplimiento de lo mandado por el constituyente. Con todo, resulta oportuno distinguir entre la titularidad del derecho y el ejercicio del mismo, pues, entiende la Sala que la titularidad de los derechos fundamentales es irrenunciable, pero, el ejercicio de los mismos por parte del titular es expresión de su autonomía. Así pues, si una persona en su condición de titular del derecho fundamental a la salud, se niega a practicarse un procedimiento, esto es, a materializar el ejercicio del derecho, prima facie prevalece su autonomía. En cada caso concreto habrá de decidirse, si es admisible constitucionalmente la renuncia del ejercicio del derecho, pues, tal uso de la autonomía, puede entrar en tensión con otros valores y principios constitucionales"; así mismo, el artículo 5 de la citada Ley Estatutaria de la Salud señala las obligaciones del Estado para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.

Así mismo, dentro del marco de los principios de colaboración armónica entre los actores que conforman la administración pública, la misma Constitución en su artículo 209 ordena y faculta a las autoridades administrativas el deber de coordinar sus actuaciones en aras de lograr el cumplimiento de los fines del estado, reconociendo también a cada ciudadana y a cada ciudadano el derecho a participar en las decisiones que afectan su desarrollo y a vigilar la gestión pública.

Razón por la cual, se encuentra establecido todo un marco legal que rige la obligatoriedad del Estado en garantizar el derecho a la salud, la obligación de las entidades en articularse armónicamente en la búsqueda de alcanzar los fines del estado garantizando la participación social en cada uno de los procesos relacionados con la organización de los servicios de salud.

RESOLUCIÓN 731 DE 2020

Con el propósito de no afectar la continuidad, integralidad, calidad y efectividad en la atención y suministro de servicios y tecnologías en salud financiadas con el SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD a los afiliados, durante el periodo de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 731 de 2020, establece los lineamientos que permiten garantizar el acceso efectivo y la prestación de los servicios de salud, y el flujo de recursos a los prestadores de servicios de salud durante la emergencia sanitaria.

Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19, ninguna EPS puede omitir las funciones indelegables del aseguramiento en salud, para lo cual deberá:

1.Mantener la operación de la red de prestación.

2. Coordinar la atención integral de toda la población

3.Prestar atención prioritaria a adultos mayores.

4.Disponer de estrategias de información en salud.

5.Fortalecer las unidades básicas de atención.

6.Informar a los usuarios pertenecientes a la población en riesgo, a fin de que cumplan lineamientos de distanciamiento social y salud pública.

7.Fortalecer los modelos de atención para gestionar el riesgo en salud.

Por su parte las IPS deberán cumplir con lo establecido en la Ley 1751 de 2015 y los acuerdos de voluntades; y la inspección y vigilancia y control estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de la vigilancia y control que le corresponde a las entidades territoriales.

CONCLUSIONES

Como el objeto principal de la resolución guarda gran relación con el derecho a la Salud (Y como finalmente lo que abunda no daña) bienvenida la reglamentación; Por todo lo anterior, esperamos que la anterior medida junto con las establecidas en el Decreto 521 de 2020; ayuden por fin al debido cumplimiento de lo señalado en los artículos 48, 49 y 365 de nuestra Constitución Política. Y se garantice tanto la calidad y el aseguramiento, como el pago de las acreencias laborales por parte de las IPS

Leer LO QUE ABUNDA NO DAÑA: RESOLUCIÓN 731 DE 2020 en LA ESQUINA DE ELIPHAS HARKONNEN


Sobre esta noticia

Autor:
Eliphas Harkonnen (260 noticias)
Fuente:
laesquinadeharkonnen.obolog.com
Visitas:
213
Tipo:
Reportaje
Licencia:
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