El Gobierno anunció este viernes una indemnización de 1.350 millones de euros para el grupo ACS, que renunció al controvertido proyecto de almacenamiento submarino de gas conocido como Castor, sospechoso de provocar movimientos sísmicos en 2013 frente a la costa de Castellón.

El Gobierno decidió "la hibernación de las instalaciones, ello implica que está prohibido la inyección de gas natural en el almacén", explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La concesión acordada a la compañía Escal UGS, propiedad al 66, 7% de ACS, número uno de las obras públicas en España, "se extingue (...) y se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros a esta empresa", precisó la vicepresidenta.

La compensación será pagada por el grupo de transporte de gas Enagas, participante en el proyecto, explicó. Después "el sistema gasista abonará una cantidad durante 30 años para resarcirle", agregó, una fórmula que, según varios medios, significará que los consumidores acabarán pagando la factura.

Ante la preocupación suscitada por los seísmos, ACS había anunciado el 25 de junio que renunciaba a su permiso de explotación de esta instalación submarina, frente a las costas de Castellón.

El proyecto, bautizado como Castor y financiado por el Banco Europeo de Inversiones, consistía en transformar una antigua bolsa de petróleo a más de 1.700 metros bajo el mar para construir un almacén de gas natural, capaz de contener el equivalente a las necesidades durante tres meses de la Comunidad Valenciana, con cinco millones de habitantes.

Pero, en el momento de las inyecciones de gas en el almacén, situado a 22 km de la costa, se produjeron cientos de terremotos en la región, provocando el cese de los trabajos.

Las asociaciones ecologistas había protestado vivamente contra el proyecto, mientras que el ministro de Energía, José Manuel Soria, admitía "una probabilidad alta de que haya una relación entre las inyecciones de gas" y "el conjunto de los movimientos sísmicos".