No siendo quizás el mejor momento para abordar este fundamental elemento sectorial, debido a la tormenta mediática sobre la corrupción que arrecia especialmente contra las EPS, pero que estamos seguros no mantiene indemnes ni a entes territoriales ni a prestadores públicos y privados, desde CONSULTORSALUD nos atrevemos a recomendar una revisión estratégica del problema, tratando de no seguir dando machetazos solamente contra las ramas del mal, mientras que una de sus raíces principales se mantiene oculta y prospera, envalentonando posturas irreconciliables entre actores del sistema que siempre han debido y deben ser aliados indiscutidos.

En Colombia no hemos hecho la tarea completa de recalcular mediante un estudio actuarial, la revisión de la carga de enfermedad, la documentación de frecuencias de uso y abuso de servicios, la capacidad de compra local y regional que tiene la UPC, el riesgo individual de cada ciudadano protegido, y el apalancamiento financiero que realizan los aseguradores y prestadores al propio Estado por cuenta de los recobros de tecnologías no incluidas en el POS.

A CONSULTORSALUD le resulta claro, que si existen evidencias antiguas y frescas, que muestran un deterioro franco, que llega a la insuficiencia de la UPC para comprar los pregonados derechos del POS, y el más reciente podemos verlo en la aún muy joven EPS Capital Salud, que ya agoniza en Bogotá, por cuenta de su incapacidad para atender las típicas obligaciones del aseguramiento nacional. Aquí por lo menos, bajo la lupa permanente del muy severo y vigilante secretario de salud del distrito, estamos seguros que el dinero no se ha desviado, y sin embargo, sus propias declaraciones dan fe, de la gravísima situación del aseguramiento distrital, que transferida a la nación, coloca al Sistema de Salud, no frente a problemas simplemente operacionales, sino estructurales en su vital componente de financiamiento.

Podríamos estar frente a una paradoja Estatal, en la cual, el gobierno asigna una partida que los actores públicos y privados encargados del aseguramiento y la prestación no pueden cuestionar, y que trae como consecuencia el enfrentamiento gremial intrasectorial, la desconfianza generalizada, la iliquidez que no tiene remedio, y el surgimiento de propuestas cada vez más recias sobre la necesidad de eliminar el modelo.

Queremos finalmente decir, que el reglamento actual, promueve la falsedad documental, pues si las EPS y las ESE muestran déficit (que podría ser el escenario en caso de una UPC insuficiente), el gobierno y sus organismos de Inspección, Vigilancia y Control los intervienen y liquidan, sin contemplaciones, como si esta medida, fuera a solucionar el problema de fondo.

Si el Ministerio de Salud, le entrega una oportunidad al aseguramiento, debería razonablemente recalcular la UPC incluyendo el riesgo de los asegurados y la región donde se efectúa el aseguramiento, amén de su grupo etario; en este caso podrían surgir EPS a las que el recurso les alcanza, y otras que definitivamente no tienen otro destino que la insolvencia por vía operacional, llevando tras de sí, a la quiebra a la red pública y privada que le sirve de parapeto temporal.

Carlos Felipe Muñoz Paredes. Gerente General Consultorsalud S.A.