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En el 30 aniversario de la Convención contra la Tortura, y a pesar de este informe de Amnistía Internacional, en Marruecos la tortura y otros malos tratos están expresamente prohibidos y tipificados como delito
AMNISTIA INTERNACIONAL (La Tortura en 2014)
Amnistía Internacional, ONG, fundada en Londres en 1962, mundialmente conocida, presente en más de 150 países y que trabaja para que los derechos humanos, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 y en otros tratados internacionales, sean reconocidos y respetados, ha presentado un informe sobre “La Tortura en 2014”
En este mes de mayo de 2014, Amnistía Internacional lanza su campaña global “Stop Tortura” para lograr que todas las personas gocen de protección frente a este suplicio. En el 30 aniversario de la Convención de la ONU contra la Tortura, la organización utiliza sus más de 50 años de experiencia para insistir en que los gobiernos deben cumplir sus promesas y respetar el derecho internacional.
En la citada exposición, pese a su carácter global, y nominación de hechos concretos en distintos países de todo el mundo, matiza que “la organización movilizará a su membresía global sobre los cinco países siguientes: Filipinas, Marruecos y el Sáhara Occidental, México, Nigeria y Uzbekistán”.
No queremos dudar de esta parcialidad, porque, hay 155 países que son Estados Partes de la Convención de la ONU, y entre ellos Marruecos, cuya constante preocupación es el avance en su estado democrático, y el cumplimiento de los principios contenidos en los “Tratados Internacionales”, a los que está acogido para su estricta observancia.
En este informe generaliza, como en los cinco continentes, la ausencia de justicia en casos de tortura y malos tratos es la norma. (Asia y Oceanía). Citando asimismo países como, Indonesia, Mongolia y Nepal; Europa y Asia Central, especialmente en los países de la antigua Unión Soviética; América que cuenta, a nivel tanto regional como nacional, con algunas de las leyes y los mecanismos contra la tortura más sólidos del mundo. Sin embargo, la tortura y otros malos tratos siguen siendo práctica generalizada; África, donde la tortura y otros malos tratos son práctica generalizada en todo el continente.
Esto significa –al menos para los 155 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura– que los gobiernos deben tipificar la tortura como delito, investigar de manera exhaustiva e imparcial todas las denuncias y procesar a los responsables cuando existan pruebas suficientes.
En Marruecos, la tortura y otros malos tratos están expresamente prohibidos y tipificados como delito en la legislación marroquí desde hace ya varios años y Jueces y fiscales investigan las denuncias de tortura y otros malos tratos, para hacer rendir cuentas a los responsables.
Amnistía Internacional matiza que “la organización movilizará a su membresía global sobre los cinco países siguientes: Filipinas, Marruecos y el Sáhara Occidental, México, Nigeria y Uzbekistán”
Por ello es inadmisible, que se cite expresamente a este país, como incluido expresamente entre los cinco en los que movilizará a su “membresía global” como objetivo de la campaña centrándose en todos los contextos de custodia estatal.
Y todo ello por la denuncia o testimonio recogido de un detenido el 24 de noviembre de 2011, Ali Aarrass que fue declarado culpable de pertenecer y prestar ayudar a una banda criminal y a un grupo que pretendía cometer actos de terrorismo.
Según la información recibida en Amnistia Internacional, la "confesión" que hizo bajo tortura y de la que se retractó ante el tribunal fue la única prueba presentada en el juicio.
Sin tratar de querer poner en duda el proceso judicial y la veracidad de las declaraciones del acusado que en su día fue sometido a juicio, si queremos hacer constar que como norma, y el ejemplo más cercano lo tenemos en ETA, los detenidos de la banda terrorista, tenían ordenado por sus jefes, que después de su detención por las fuerzas policiales, declarasen ante el juez, que habían sido sometidos a torturas durante el interrogatorio.
Además, Amnistía Internacional, reconoce expresamente en su informe que, “los primeros que intentaron adoptar medidas de justicia transicional para hacer frente al legado de tortura y otros abusos fueron Marruecos y el Sáhara Occidental “y que en el gobierno del rey Hassan II durante el periodo comprendido entre 1956 y 1999, conocido como los "años de plomo", se caracterizó por la represión de la disidencia política, pero desde la subida al trono del rey Mohamed VI, la situación de los derechos humanos ha mejorado considerablemente, y una comisión establecida en 2003 subrayó la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos –incluida la tortura– cometidas por los servicios de seguridad entre 1956 y 1999, y otorgó indemnización económica a los damnificados.
El “Fórum Canario-Saharaui”, asociación vinculada al respeto de los D.D.H.H. reconocidos en la “Declaración Internacional”, naturalmente reconoce la labor positiva realizada por la citada Organización, y el esfuerzo continuo para la mejora de la condición humana, pero impugna la reprobación directa a Marruecos, por esta ONG internacional, que no ha tenido en cuenta los cambios efectuados por el actual gobierno, a iniciativa de S.M. el rey Mohamed VI, en la revisión y reforma del sistema judicial, con la separación de la jurisdicción civil y militar, con la presencia de abogados y la composición de los tribunales, dando una muestra más de la garantía democrática de la política real.
Como dato censor, debería recordarse que el político español, Secretario General del Partido Socialista en Euskadi (PSE-PSOE), Ricardo García Damborenea, criticó a Amnistía Internacional en 1985 diciendo: «No he visto a Amnistía Internacional preocuparse por los derechos de una sola víctima del terrorismo, sin embargo, son capaces de alborotar a redoble de tambor si a un terrorista, que tiene catorce muertos a la espalda, recibe una bofetada de un guardia civil».
155 países conforman la Convención de la ONU contra la Tortura, entre ellos Marruecos, cuya constante preocupación es el cumplimiento de los principios contenidos en los Tratados Internacionales
Las Palmas a 15 de mayo de 2014