Argentina intervino la petrolera YPF y buscará expropiar un 51 por ciento de la empresa controlada por la española Repsol-YPF, una decisión que acentúa la presencia estatal en la economía y disparó un conflicto con Madrid, que amenazó con represalias.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció entre aplausos que enviará al Congreso un proyecto para expropiar la mayoría de YPF, la empresa más grande del país, a la que culpa por una caída en la producción de hidrocarburos que obliga a realizar importaciones y erosiona el superávit comercial.

‘YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro’, dijo Fernández en un discurso por cadena nacional.

Según legisladores y gobernadores el Congreso aprobaría rápidamente la propuesta, que Fernández dijo que busca darle al país libertad para decidir su política energética y recuperar un perdido autoabastecimiento.

La mandataria detalló que las acciones que se buscan expropiar son exclusivamente las que tiene Repsol-YPF y no la de otros socios privados. Ante ese anuncio, el Gobierno de España dijo que interpreta la decisión como ‘un gesto hostil’.

‘El Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión de Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF’, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tras una reunión de urgencia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

‘Habrá consecuencias’, agregó.

Previamente Fernández dijo que no respondería lo que calificó como amenazas hechas desde España.

‘Esta Presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos, soy una jefa de Estado, no una patotera (matona)’, dijo.

Repsol-YPF tiene un 57, 4 por ciento de YPF, mientras que el Grupo Petersen, el mayor accionista local y perteneciente a la familia local Eskenazi, posee un 25, 4 por ciento.

La firma española dijo que considera ‘ilícita’ la decisión tomada por Fernández y que combatirá legalmente la medida, lo que indicaría que el conflicto podría terminar en otra demanda contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial.

La Unión Europea, el segundo mayor mercado de exportación para Argentina, también reaccionó rápidamente.

‘Una toma de control forzada por parte del Gobierno argentino será una señal muy negativa para los inversores, nacionales e internacionales, y podría dañar seriamente el ambiente de negocios en Argentina’, dijo el portavoz de comercio de la Unión Europea, John Clancy.

Carlos Bastos, un experto del sector energético local, dijo que la medida ahuyentará las millonarias y muy necesarias inversiones para desarrollar el megayacimiento argentino Vaca Muerta, con enormes recursos de hidrocarburos no convencionales.

‘No creo que haya ninguna inversión de riesgo que esté dispuesta a invertir en el país’, dijo Bastos.

El proyecto de ley comenzará a ser analizado el martes en el Congreso argentino, coincidieron los legisladores oficialistas Aníbal Fernández y Agustín Rossi. España critica a Argentina, advierte represalias

Acciones

En Nueva York, los títulos de YPF se desplomaron un 10, 9 por ciento a 19, 54 dólares hasta que su cotización fue suspendida. En Buenos Aires cayeron un 2, 43 por ciento antes de ser cancelada su operatoria.

‘La suma de todos los males por una estatización se consumaron y esto cambia rotundamente la tendencia de la acción’, dijo Marcelo Paccione, analista de ConsultCapital Sociedad de Bolsa.

La capitalización total actual de YPF es de unos 46.765 millones de pesos, o 10.640 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La firma perdió más de 4.000 millones de dólares de valor de mercado en lo que va del año.

La ley de expropiación de Argentina prevé, como primera instancia, un acuerdo entre las partes sobre el valor a pagar. Sin un acuerdo, se avanza a un proceso judicial en el que un magistrado pide a un tribunal que fije el precio de la transacción.

Goldman Sachs dijo en un informe que no está claro cuánto pagará el Gobierno por el 51 por ciento de YPF y si el resto de sus accionistas estarían dispuestos a continuar como minoritarios.

Los bonos de la deuda soberana de Argentina aceleraron su caída tras el anuncio.

‘La noticia (de YPF) sensibilizó a todo el mercado y se notó muy claramente en los bonos con fuertes bajas, como se reflejó con el riesgo país’, sintetizó un operador de la banca privada.

Frente a la andanada de anuncios, el riesgo país argentino medido por el banco JPMorgan subió a su nivel más alto desde finales de noviembre.

Intervención

YPF, fundada en 1922, fue parcialmente privatizada en 1992 tras años de reportar pérdidas debido a que usualmente tenía que financiar al Tesoro. Durante parte de su historia como empresa estatal, YPF fue conducida con fuerte interferencia política.

Fernández indicó que la futura conducción estatal de YPF será completamente profesional.

En la opinión de Fitch, que el lunes redujo la calificación de YPF en moneda local, ‘el control por parte del Gobierno llevaría a mayores ineficiencias y una menor utilidad, dado que las empresas estatales tienden a incorporar estrategias más sociales que empresarias’.

Un ejemplo regional es PDVSA, la petrolera estatal venezolana que debe financiar constantemente los planes sociales del presidente Hugo Chávez. La brasileña Petrobras tiene una mejor imagen entre los inversionistas por una mayor transparencia de sus finanzas al cotizar en bolsa, aunque también es criticada por la fuerte intervención del Gobierno en su estrategia.

Las necesidades energéticas de Argentina han sido una bomba de tiempo desde hace años, pero para el Gobierno se volvieron prioritarias recientemente debido a que el creciente costo de importación de combustible está erosionando el preciado superávit comercial.

Argentina, aún sin acceso a los mercados internacionales de crédito tras una cesación de pagos en el 2001, tiene en su superávit comercial una de las pocas fuentes de divisas.

La producción de crudo cayó un 5, 9 por ciento y la de gas natural un 3, 4 por ciento el año pasado, cuando la demanda energética creció un 5, 1 por ciento, según datos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).

La importación de alternativas más caras, como gas natural licuado (GNL) y diésel, creció más del doble en el 2011 a unos 9.300 millones de dólares.

Radicalización

Daniel Volberg, economista de Morgan Stanley, advirtió en un reporte a clientes que ‘el conflicto del petróleo es simplemente un aspecto’ de lo que llamó la posible ‘radicalización de la política’ del Gobierno argentino, que ha estatizado empresas como Aerolíneas Argentinas, los fondos privados de pensiones y la mayor distribuidora de aguas local, entre otras compañías.

Según la consultora Capital Economics, con sede en Londres, la decisión argentina pone en evidencia la estrechez de su ‘modelo’ económico, caracterizado por un alto crecimiento fogoneado por el consumo, subsidios y controles de precios.

Esas políticas ya han obligado al país a imponer restricciones en el mercado cambiario y a las importaciones para cuidar el superávit comercial.

‘Vemos esto (el proyecto de expropiación) como una negativa perspectiva (ya pobre) para la inversión de largo plazo y creemos que podría esparcir una retirada parcial de inversores extranjeros de otros sectores’, dijo Capital Economics.

Otros analistas creen que la expropiación tampoco resolverá las necesidades argentinas de un incremento de la producción de hidrocarburos, al menos en forma inmediata.

‘Me parece que en el corto plazo esto no soluciona nada porque no es que a partir de mañana YPF va a producir más. En el corto plazo no vamos a ver demasiadas diferencias en la producción de crudo y de gas’, dijo a Reuters el analista Eduardo Fernández.

‘Este año tienen que poner 14.000 millones de dólares para pagar el gas y el petróleo (importado). Además de eso van a tener que poner plata para hacer exploración y desarrollo. No sé si el Gobierno está en condiciones’, agregó.