El presidente catalán, Artur Mas, se defendió este viernes de las sospechas de corrupción sobre su partido, cuyos dos últimos tesoreros fueron detenidos por el presunto cobro de comisiones de contratistas públicos.

"La contratación pública de la Generalitat de Cataluña es impecable. El sistema de contratación no tiene margen de discrecionalidad y no se pueden hacer tratos de favor", aseguró Mas ante una comisión del Parlamento catalán. "Si no puede haber trato de favor, ¿por qué alguien tiene que pagar comisiones?", se preguntó.

"Llevan diez años seguidos con una lupa de gran aumento investigándolo todo y registrándolo todo. Hasta ahora, no hay una sola sentencia que haya podido demostrar absolutamente nada", afirmó el dirigente nacionalista sobre las investigaciones judiciales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Mas definió la actual investigación como una "cacería" contra CDC por su intención de emprender un proceso de secesión tras las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, que dejaron una mayoría separatista (72 de los 135 escaños) en el nuevo Parlamento catalán, que se constituirá el lunes.

En cambio, desde la oposición lo acusan de emprender este proceso hacia la independencia para esconder las sospechas de financiación ilegal que planean desde hace una década sobre CDC, aunque nunca se probaron.

"Lo último que debe hacer un representante político es presentarse como una víctima", afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al semanal consejo de ministros.

Si se confirma el cobro de comisiones, "aquí hay perjuicios para el conjunto de los ciudadanos", dijo Sáenz de Santamaría, señalando que "su primera obligación (de Mas), como la de todos los ciudadanos pero especialmente quienes tienen responsabilidades políticas, es respetar al resto de poderes del Estado y muy particularmente al judicial".

CDC está investigada por dos casos de financiación ilegal y su fundador, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de 1980 a 2003, está imputado por fraude fiscal.

Desde agosto, la sede de CDC fue registrada dos veces y esta semana fueron detenidos sus dos últimos tesoreros. El actual, Andreu Viloca, entró el jueves en prisión mientras que su predecesor, Daniel Osàcar, acusado en otra trama de presunta corrupción, fue momentáneamente detenido este viernes, según informó un portavoz policial.

La justicia investiga si la formación de Mas recibió donaciones de empresas a través de una fundación vinculada a CDC a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Varios empresarios fueron detenidos así como el director de la empresa encargada de licitar obra pública.

El escándalo llega a dos semanas de la primera votación parlamentaria para reelegir como presidente a Artur Mas. Su coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), con 62 diputados, necesitará al otro partido independentista, la izquierda radical de la CUP (diez diputados), contrario a las políticas de Mas y crítico con la presunta corrupción en su formación.

Durante su comparecencia, la oposición aseveró que, tras este escándalo, Mas no está legitimado para ser presidente. Incluso sus compañeros de coalición, los independentistas de ERC, reclamaron disipar "todas las dudas sobre un partido que ha asumido el mandato" de la independencia.