Una relación de 23.128 contratos suscritos por los entes territoriales con fundaciones, universidades, asociaciones, corporaciones y cooperativas para ejecución de recursos por una cifra que supera los $4, 4 billones, entregó el auditor general de la república, Jaime Ardila Barrera, al procurador general de la nación.

En comunicación dirigida a Alejandro Ordóñez Maldonado, el auditor pone de presente los resultados del proyecto Control al Control de la Contratación (CCC), mediante el cual se revisan las acciones de vigilancia que realizan las contralorías y se evalúa la gestión para prevenir la corrupción y cuya primera fase se ha orientado al estudio de la contratación territorial.

El funcionario hizo extensiva dicha solicitud a las 62 contralorías territoriales en cuyas jurisdicciones se han firmado dichos contratos y convenios.

Ardila Barrera explica que uno de los principales aspectos que ha considerado la Auditoría General de la República como objeto de seguimiento, es el relacionado con las acciones que promueven las contralorías para evaluar los contratos que se suscriben con asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas y universidades, entre otras entidades, cuya propensión al riesgo contractual y fiscal se ha generalizado en consideración a la mal entendida flexibilidad que la Ley confiere cuando estas entidades celebran determinados contratos con el Estado.

"La evaluación de esta información pretende determinar si se han suscrito contratos con estas organizaciones para evadir el proceso de selección objetiva y desconocer el principio de transparencia contratando con estas organizaciones para desarrollar actividades o ejecutar proyectos que no se relacionen con el objeto de la entidad contratista", advierte el Auditor General.

Igualmente explica que la investigación alerta sobre posibles irregularidades en la contratación reportada, pues se detectaron casos de contratos presuntamente celebrados a través de modalidades de contratación no indicadas, objetos contractuales difusos, contratación recurrente con una misma persona natural o jurídica, incorrecto manejo de anticipos, entre otras situaciones dadas a conocer al ente de control respectivo, quien es el competente para hacer las verificaciones que amerite cada caso, en cumplimiento de su misión constitucional.

Advierte que la investigación no pretende cuestionar la generalidad de los contratos que se suscriban con estas organizaciones, pero sí advertir que algunos de estos contratos se utilizan para burlar soterradamente la ley y terminar contratando con terceros que se convierten en intermediarios, encarecen el proceso y llegan a configurar sobrecostos.