Bolivia anunció el jueves la creación de un incentivo fiscal de 30 dólares por barril a favor de los productores de petróleo, en un esfuerzo por aliviar el déficit de crudo en el país, el mayor exportador de gas natural de Sudamérica.

El incentivo, que será otorgado en forma de notas de crédito fiscal negociables libremente, se sumará a los 10, 29 dólares que los productores reciben actualmente en efectivo por cada barril, al margen de los costos de transporte y cargas tributarias con que se completa el precio interno del crudo.

‘Esta medida no afecta en ninguna circunstancia (al precio doméstico del crudo, que) va a seguir congelado en 27, 11 dólares el barril, los precios internos de los combustibles van a seguir congelados al nivel en que están’, dijo el presidente de la estatal petrolera YPFB, Carlos Villegas.

Sin cambios por más de cinco años, la gasolina corriente y el diesel cuestan 3, 74 bolivianos (0, 54 dólares estadounidenses) el litro.

A fines del 2010, el Gobierno de Evo Morales decretó un reajuste de precios de combustibles de hasta 84 por ciento, pero una ola de protestas sociales lo forzó a anular rápidamente la medida.

Villegas anunció el incentivo a las petroleras al presentar un recién aprobado decreto supremo, que reglamenta una disposición contenida en una ley de reformulación del presupuesto nacional promulgada la semana pasada por Morales.

Desde una nacionalización de hidrocarburos del 2006, las petroleras que operan en Bolivia actúan bajo contratos como proveedoras de servicios a YPFB, que es propietaria de toda la producción de crudo y gas.

Esas contratistas reciben una compensación que teóricamente les permitiría recuperar sus inversiones y registrar utilidades, pero en el caso del crudo el sistema resultó poco atractivo, al extremo de que en el último quinquenio la producción de hidrocarburos líquidos se ha mantenido en aproximadamente 50.000 barriles diarios, con tendencia a la baja.

Bolivia enfrenta además el inconveniente de que sus yacimientos son pobres en crudos pesados, lo que la obliga a importar combustibles, especialmente diesel, en una operación para la que programó este año un gasto de casi 1.000 millones de dólares, un cuarto de sus ventas de gas a Argentina y Brasil.

‘La producción de crudo está estancada, inclusive en muchos campos está en declinación, y para revertir esto se establece el incentivo’, dijo Villegas.

Añadió que el Gobierno espera que las empresas contratistas reformulen sus planes de producción en un plazo de 90 días.

Una fuente técnica de YPFB aseguró paralelamente que los cambios de planes de algunas contratistas no afectarían a la producción de gas natural, que es de casi 50 millones de metros cúbicos por día, de los cuales unas cuatro quintas partes se destina a la exportación.