La insolvencia es definida como una situación jurídica en la que una persona

natural o jurídica no puede hacer frente a los pagos que debe realizar, debido a que estos exceden ostensiblemente a sus ingresos.

Los primeros antecedentes del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante los tenemos en los artículos 1672 a 1682 del Código Civil, articulado que se refiere a la cesión voluntaria de bienes cuando el acreedor no se halla en estado de pagar sus deudas y que se seguía por el proceso señalado en los artículos 559 y 560 del Código de Procedimiento Civil ( Concurso de acreedores).

Con posterioridad a dicho articulado, tenemos que se expidió la Ley 222 de 1995 y la Ley 1116 de 2006, empero ambas leyes no señalaron ninguna posibilidad de acceder a los procesos concursales a las personas naturales no comerciantes, por lo cual fue menester que en sentencia C- 699 de 2007, nuestra Honorable Corte Constitucional decidiera exhortar a nuestros legisladores a establecer un proceso concursal específico para las personas naturales no

comerciantes que se encontraban en un estado de insolvencia.

Atendiendo a tal llamado de atención se expidió la Ley 1380 de 2010, Ley que tenía por objeto permitirle al deudor persona natural no comerciante acogerse a procedimientos de acuerdos de pago y negociación de sus deudas para ponerse al día en sus obligaciones, excluyendo aquellas derivadas de proceso de alimentos y ejecutivos de alimentos. Lastimosamente dicha Ley no pudo entrar en vigencia en debida forma debido a falta de reglamentación y finalmente fue declarada inexequible.

Es así como se expide la ley 1564 de 2014, dentro de la cual se incluye el procedimiento señalado en la Ley 1380 de 2010 con ligeros retoques; esto es, un procedimiento breve y sumario que puede ser presentado ante los Centros de Arbitraje y Conciliación( lo cual garantiza la descongestión judicial) que trae ventajas al deudor como la de suspender las acciones de cobro en su contra, lograr escenarios de renegociación de deudas y cambiar los reportes negativos en las centrales de riesgo. No obstante lo anterior, aún se escuchan voces que señalan que el procedimiento establecido en el Código General del Proceso no se encuentra debidamente reglamentado y fácilmente puede repetirse lo acaecido con la Ley 1382 de 2010.

Finalmente, dadas las condiciones de morosidad de muchos y el hecho que posiblemente no se logre tramitar a tiempo la LEY DE BORRÓN Y CUENTA NUEVA ansiosamente esperada, solo queda como alternativa este proceso de insolvencia de persona natural no comerciante.

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