La Procuraduría señaló que la propuesta presentada por el Gobierno Nacional sobre la política de tierras y territorios para la población desplazada no es integral. La afirmación fue hecha a Corte Constitucional que le pidió al gobierno una propuesta sobre la disposición de tierras para desplazados. El ministerio público señala que las políticas de gobierno no hacen referencia al restablecimiento de las condiciones anteriores al despojo ni de los bienes que fueron abandonados. Da la impresión que el ejecutivo este de acuerdo con los abusos cometidos por los paramilitares, guerrilleros y militares, principales responsables del desplazamiento de más tres millones y medio de campesinos. Como si su propuesta quisiera decirle a la Corte que, “borrón y cuenta nueva” olvidar el pasado y no tentar a los actuales dueños de los predios que antes eran de los campesinos que para salvar sus vidas huyeron a las ciudades. El gobierno esta ofreciendo lo que llaman los jóvenes de ahora “un contentillo” y los viejos “una manadera de gallo”.

La Procuraduría señaló que en la propuesta del presidente Uribe, "no hay políticas especiales para mujeres y minorías étnicas ni proyectos para la mujer rural, la cual hasta la fecha ha sido desconocida en los diferentes programas y solo se le otorga un puntaje extra por esta condición. Este documento de política pública social no contempla el procedimiento del Subsidio Integral de Tierras (SIT), que en la actualidad se constituye en el instrumento de política mediante el cual se adelantan en el país los programas de reforma agraria". Los desalojados son discriminados frente a los beneficios que otros colombianos están recibiendo y en ocasiones perseguidos por reclamar sus derechos. La Corte Constitucional en repetidas ocasiones se ha visto obligada a llamarle la atención al presidente porque no cumple un fallo de hace varios años ganaron los desplazado. Trata por todos los medios de desconocer la jujsticia. Este incumplimiento y discriminación ha sido la acusa para protestas y mítines en diferentes partes del país, particularmente en Bogotá en donde se han tomado parques y edificios públicos. La responsabilidad del cumplimiento de los derechos constitucionales de los desplazados la tiene el ejecutivo en cabeza del presidente. Siempre ha tratado de recortar y minimizar esta obligación jurídica, social y moral.

En constarte con lo anterior surgió una noticia que señala para los próximos días decisiones del despacho del Fiscal General de la Nación, relacionadas con las investigaciones por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. En este programa el gobierno derrochó montañas de dinero que fueron repartidas gratuitamente entre gente pudiente, funcionarios, políticos y hasta reinas de belleza. Fuentes oficiales confirmaron que, “los fiscales encargados del caso en la Unidad Anticorrupción, decidieron citar a interrogatorio a 87 personas, entre beneficiarios y funcionarios públicos que tuvieron relación con la entrega de dineros del controvertido programa. 41 de esos beneficiarios recibieron los subsidios no reembolsables del ministerio de Agricultura. La mayoría de este paquete de ciudadanos pertenecientes a familias prestantes de Magdalena y otros departamentos de la costa Atlántica. Los demás citados son funcionarios públicos pertenecientes al ministerio de Agricultura y al ICA”.

La procuraduria anunio que no ha visto polityicas especiales y serias frente a los tres millones y medio de desplazados por la violencia

Una vez estalló el escándalo, el presidente Álvaro Uribe pretendió defender el reparto de dinero gratis entre los poderosos y multimillonarios del agro, familias de alta sociedad y funcionarios públicos, entre otros. Como le fue imposible tapar el escándalo y el Congreso la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría metieron la mano en el asunto, cambio de criterio. Como es su costumbre dio orden, por los medios de comunicación, a su ministro de agricultura, blandiendo las manos en forma amenazante, para que recogiera en dinero que había regalado impunemente, apelando a utilizar métodos legales o extralegales. Nadie le prestó atención al presidente, desconocieron al mandatario. Las semanas pasan y no se ha podido recuperar ni un solo centavo. ¿Quién va de volver esos dineros que les dieron gratis… ya los tienen investidos en autos lujosos, yates y todo menos en el agro? La desigualdad y desequilibrio del proceder del gobierno en materia social es monstruoso. El problema que se le presenta al gobierno es que la tierra de los desplazados está en poder de poderosos económicamente, de sus familiares y amigos políticos sembradas de palma de aceite, caucho o tras cosas que servirán de materia prima a la industria, pero que a la larga, estría amenazando la seguridad alimentaría del país. Brutales contrates en el campo colombiano en donde el dolo sirve de herramienta. ¡El crimen si paga!, al menos en este caso de corrupción administrativa.

Nota.- Los interrogatorios a los ricos empresarios que recibieron dinero gratis del gobierno, son asimilables a las indagatorias en el antiguo sistema penal colombiano. Los 87 citados tendrán que responder un amplio cuestionario realizado por los fiscales, para establecer la forma en que se repartieron los subsidios de Agro Ingreso Seguro, los requisitos necesarios para acceder a los dineros, la forma como se invirtieron, los empleos creados en forma permanente, entre otras preguntas importantes para determinar el rumbo de las investigaciones. Hasta ahora las cosas van bien para llegar a la verdad. Algunos ante los fiscales han cantando más que Plácido Domingo.