En las mañanas suelo levantarme desde muy temprano a leer en el computador de mi casa, las principales noticias que suministran los diarios nacionales y locales. Esta semana conocí uno más de los montajes judiciales para causar daño a las personas, la noticia se centró en la captura a que fue sometido Eduardo Benavides Rueda quien es el prometido de la actual Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dicha captura, se hizo efectiva como si fuese un show teatral de una novela policiaca, en otras palabras “como para alquilar balcón”. De su ejecución se encargó un grupo especial de la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Villeta, Cundinamarca, mientras transcurría tranquilamente la celebración previa a la boda de Eduardo y Cristina.

La pareja conformada por Eduardo y la bella e inteligente abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, Cristina Plazas, quienes están ad portas de contraer matrimonio, tuvieron que someterse a severo escándalo porque supuestamente Eduardo deberá responder ante la justicia por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación adelantada por el órgano acusador, la Fiscalía General de la Nación, contra Benavides, surge luego de que su familia obtuviera la propiedad de una hacienda de unas 1.900 hectáreas, en el Salado Bolívar, finca que en alguna oportunidad fuere extinguida en su dominio al narcotraficante Micky Ramírez, en la cual supuestamente se comprobó la habitación de personas desplazadas.

Luego de tan bochornoso espectáculo y aberrante situación, un juez de control de garantías en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales ordenó dejar en libertad a Eduardo, por falta de pruebas, ya que la Fiscalía no demostró con "suficiencia la necesidad de imponerle una medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad". Además, el juez constitucional consideró que Benavides no representa un peligro para la sociedad, que tiene arraigo en la ciudad y que ha comparecido a las diligencias judiciales, es decir, que las causales para imponer una medida de aseguramiento no se logran evidenciar en el caso de Benavidez.

El Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por las autoridades públicas

Por eso digo, que este es uno de los montajes judiciales para causar daño a las personas, porque tuvieron que esperar el momento más inoportuno, como es la boda, para capturarlo.

Lo delicado del asunto no es que Benavidez esté libre o que se haya dañado la celebración, lo que verdaderamente preocupa es que nuestro estado es un estado social de derecho y contamos con una Constitución Política que en su artículo 90 establece que 

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Lo cierto es que creo que la pareja Benavidez Plazas seguirá con los preparativos de su boda, y entre tanto, seguiremos leyendo a diario las noticias nacionales y locales sobre los montajes judiciales "espectaculo" para afectar la imagen y la tarnquilidad de las personas.