La poderosa multinacional carbonera Drummond pasa por su peor momento en Colombia. Su puerto, en el Magdalena, completa ocho días cerrado por incumplir exigencias de cargue directo y la Contraloría General le tiene abiertos tres procesos fiscales por presuntas irregularidades en el pago de regalías y en los volúmenes de carbón que han sacado del país. Además tiene pendiente el pago de una multa (7.000 millones de pesos) por verter 300 toneladas de carbón al mar, luego de un incidente con una barcaza.

Tras varias semanas de absoluto silencio, su presidente en Colombia, José Miguel Linares, accedió a hablar de la crisis, dijo que no son mentirosos ni desafiantes (como les dijo la Ministra de Ambiente) y que, a pesar de la situación, no se van a ir del país.

¿Qué está pasando en la Drummond?

Se han conjugado una serie de factores, pero para todos tenemos explicaciones claras.

¿Cuánto les está costando el cierre del puerto?

Entre 5 y 6 millones de dólares diarios en ventas. Pero el país también pierde. Si suman impuestos, regalías, tarifas y salarios, son 7.000 millones de pesos cada día.

Si las pérdidas son cuantiosas, ¿por qué no tuvieron listo el cargue directo el 2 de enero?

Nuestro contrato de concesión contempla el cargue con barcazas hasta el 2023. Sorpresivamente, en el 2007, se nos ordenó cambiarlo por el directo. Teníamos un derecho adquirido y no había un estudio que justificara las bondades y necesidad del cargue directo.

¿Le parece poca justificación el alto nivel de contaminación? Ustedes lo evidenciaron en el 2013 con el accidente de la barcaza...

En Europa, Indonesia, Shangái, en el río Misisipi y en todas partes del mundo se carga con barcazas. No es un mecanismo contaminante. Si se hace bien, es seguro. Hemos cargado 95.000 barcazas desde 1995 y solo hemos tenido un accidente.

Pero en Colombia esa fue la decisión y deben cumplirla…

Eso es claro. Iniciamos el proceso de licenciamiento, pero primero nos negaron el permiso para el canal de acceso porque solo podía haber uno, y ya lo tenía Glencore. Luego la licencia del área marina de Glencore se sobreponía con la nuestra. Aceptamos corrernos, pero esa firma presentó dos recursos en contra nuestra que demoraron las licencias ocho meses. Iniciamos obras en tierra en el 2012 y el dragado en 2013. Aun así, creímos que íbamos a acabar a tiempo.

Pero incumplieron. ¿Por qué?

Si usted mira los reportes de obra que enviábamos al Gobierno, verá que incurrimos incluso en pago de sobrecostos para cumplir. Estamos invirtiendo 360 millones de dólares, lo cual demuestra nuestro compromiso. Pero se nos atravesó la huelga de trabajadores en el 2013; cerraron instalaciones y nos atrasamos 90 días.

¿Cómo una huelga de 53 días atrasó la obra 90 días? Además, los contratistas sí podían ingresar...

El sindicato se negó a que entraran 25 ingenieros de Drummond que dirigían la obra. Sin ellos era imposible seguir. Cuando se levantó la huelga, varios contratistas ya no estaban disponibles y perdimos tiempo. Presentamos un plan de cumplimiento, planteamos alternativas y pedimos tres meses. El desfase no es tan grande.

Tal vez para ustedes no, pero sí para el país en términos de alta contaminación...

No estoy de acuerdo en que el cargue con barcazas contamine. La red de calidad de aire en Ciénaga y Santa Marta es mejor que en muchas ciudades del país. De por sí, no estamos contaminando. Además le explicamos al Gobierno lo sucedido. Entendimos que se continuaría con el cargue, se abriría una investigación y se impondrían multas. El 20 de diciembre, la Ministra de Ambiente habló en medios de la multas diarias y a otros les han dado esas prórrogas.

Al parecer entendieron mal. ¿Eso quedó por escrito?

No quedó escrito. Pero, el 20 de diciembre, la Ministra de Ambiente habló con Gary Drummond y le dijo que el Gobierno estaba trabajando para encontrar una solución que permitiera continuar operando el puerto con barcazas hasta marzo. Pero el 8 de enero, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió el cargue. Luego vinieron unas declaraciones injustas del Gobierno: no somos una compañía desafiante. Tenemos una responsabilidad grande con el país, y las autoridades pueden dar fe de ello.

¿No es desafiante incumplir plazos porque se tiene la chequera para pagar multas?

No fue una decisión nuestra incumplir. Hacemos todo lo posible por terminar antes, pero todo indica que no será antes de marzo.

La Ministra de Ambiente también les dijo mentirosos. ¿Mintieron con el tema del accidente de la barcaza?

El accidente no se ocultó.

Se minimizó y se ocultó el derrame de carbón...

En ese momento se reportó el accidente y se entregó la información disponible. No hubo una intención deliberada de ocultar algo.

¿Es cierto que van a apelar la multa por el accidente?

Es muy probable que presentemos un recurso. Lo estamos estudiando. Nos preocupa cómo tratan de justificar la sanción con argumentos que pueden parecer forzados. Queremos limpiar las playas, pero por qué debemos limpiar el derrame de esta semana y responder por cinco barcazas con carbón que hay hundidas. Nada de eso es nuestro.

¿Intentar tumbar la multa no es desafiar al país?

Usar los derechos que la ley otorga no es ser desafiante. Tampoco, reclamar el principio de igualdad y mirar cómo ha actuado la administración en otros casos más graves que recibieron sanciones de 6 millones de pesos. La nuestra fue de 7.000 millones de pesos.

¿Hay una persecución en su contra? Si les cambiaron las reglas, ¿se van a ir del país?

No. No hemos pensado en irnos. Solo nos preguntamos por qué la diferencia en el tratamiento.

¿Por qué? ¿Época electoral, presión mediática o por sus antecedentes y niveles de contaminación?

Esa pregunta es para el Gobierno.

Diferencias de criterio con la Contraloría

Hace tres días les abrieron dos procesos en la Contraloría por ampliar el muelle sin permiso y usar barcos de mayor calado para sacar carbón. ¿Eso no es un saqueo al país?

Nuestro contrato dice claramente que los barcos que entran a nuestro muelle son de 176.000 toneladas o más, no de 70.000 como dice la Contraloría. Tampoco es cierto que nuestro muelle haya sido ampliado de 150 metros a 589, 2 metros. Ellos están sumando el muelle de cargue de barcazas, que sí tiene 150 metros, con el viaducto o banda transportadora, que está a 589 metros de la playa. En el contrato mismo están contempladas esas medidas exactas, y los funcionarios de la Contraloría lo saben porque nos hicieron una visita y les entregamos todos estos documentos. El tema del muelle no tiene ninguna incidencia en la contraprestación que recibe el país.

La Contraloría también habla de una deuda de la Drummond con el país superior a los 50 millones de dólares por la liquidación errada de las regalías desde hace 18 años.

¿También tienen cómo explicar ese faltante?

La forma como se calculan nuestras regalías es anterior a la ley de regalías. De común acuerdo con la autoridad de la época, que era Carbocol, se negoció el 15 por ciento del valor de la tonelada puesta en buque. El precio de referencia era el que certificaba Cerrejón. Ahora es un índice internacional. A ese índice hay que restarle el costo del transporte del carbón desde el buque hasta donde se entrega el carbón. Lo que dice la Contraloría es que no está de acuerdo con la fórmula de depreciación que se pactó. Pero ese fue el acuerdo al que se llegó, libremente entre las partes, en el año 1988. En esa época, los contratos eran revisados por el Consejo de Estado, y ese tribunal dijo que se ajusta a la ley. Además, el Gobierno ha contratado no menos de tres auditorías externas y no han encontrado irregularidades.

¿Quién acordó esa fórmula por parte del Gobierno?

Por Carbocol, Sergio Sokoloff, y el ministro de Minas era Óscar Mejía Vallejo.

Las medidas que ha tomado el Estado

1. La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) decidió, el 2 de enero, suspender las labores de cargue de carbón de American Port Company, empresa de Drummond, por violar la normatividad ambiental que prohíbe el cargue en puerto por medio de barcazas.

2. Hace 8 días, el Ministerio de Ambiente ordenó cesar todo tipo de actividades en el puerto que esa firma estadounidense tiene en Ciénaga (Magdalena). Además, la jefa de esa cartera, Luz Helena Sarmiento, propuso imponer una licencia ambiental para la exploración de cualquier mineral y así proteger el medio ambiente, y reglas claras para los inversionistas.

3. El pasado 15 de enero, la Contraloría General abrió dos procesos de responsabilidad fiscal contra Drummond por extender la longitud del muelle de cargue sin reportarlo al Gobierno y por sobrepasar la capacidad de carga autorizada de sus buques.

4. La Procuraduría anunció el viernes vigilancia especial para las áreas de influencia de las operaciones de cargue de la firma.

5. Ese mismo día, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no se permitirá la explotación irresponsable que no tenga en cuenta al medioambiente.

Las dos alternativas

La Drummond dice que el Gobierno le planteó varias alternativas para superar el cierre de su puerto, pero que ninguna es viable. La primera fue el uso de Puerto Nuevo, pero sus directivos ya dijeron que no tienen capacidad. "Aunque es público, el 100 por ciento de lo que sacan es de Prodeco", explicó Linares. En cuanto a la posibilidad de usar el puerto de Santa Marta, Linares aseguró que su tren no puede llegar allí y que requerirían cerca de mil tractomulas diarias para transportar la carga. "Eso es ambientalmente inviable", afirmó.

Fuente El Tiempo