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Carta Abierta al Director de AMET

23/12/2012 16:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La seguridad vial es consecuencia de la genuina participación democrática de los diferentes actores sociales y gubernamentales, fundamentándose en acuerdos y convenios

Carta Abierta al Director de AMET

Mario Holguín

Presidente Ejecutivo

Fundación Red de la Dignidad ?FundaReD-

Rep. Dominicana

21 de Diciembre de 2012

En FundaReD hemos determinado mediante un reciente estudio de investigación, que la República Dominicana tiene alrededor de un 20% de su sistema viario en alta peligrosidad, ello hace que el factor de riesgo de muerte alcance cerca de 35 fallecimientos por cada 100, 000 habitantes, incluyendo las defunciones hasta 30 días después del evento.

Es la primera vez que se introduce en nuestro país el término Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) al establecerse 182 tramos de caminos con mayor ocurrencia de siniestros de tránsito con víctimas. Los accidentes en la República Dominicana en determinadas vías son reiterativos, lo que es una razón para preocuparnos.

El estudio abarcó un registro de 16, 000 muertos y lesionados por accidentalidad en las vías entre el 2008 y el 2011, en donde observamos que 4, 405 accidentes se repitieron en los mismos trechos de vías distribuidos en las 32 provincias, consideración que debiera llamar la atención bruscamente a los Ministerios de Salud Pública y de Obras Públicas. Al primero, porque el índice de letalidad calculado ronda el 62% y esto esta íntimamente vinculado a la red de asistencia a las víctimas; mientras que el segundo organismo oficial, es el responsable de las correcciones infraestructurales de las vías luego de las debidas auditorias de carretera.

Ahora resta a las autoridades tomar acción para corregir los problemas que están dejando a miles de familias en la pobreza; esto último quiere decir, que hay fuertes implicaciones económicas y sociales en este fenómeno de inseguridad vial que afecta de manera especial a los jóvenes conductores y a los peatones de mayor edad.

Pese a que la infraestructura viaria es causante de los siniestros en un porcentaje considerablemente elevado, el comportamiento de la ciudadanía es determinante, así como el sistema de autoridad imperante, pendiente de una exhaustiva revisión cuando se aborde el tema de la nueva legislación que regirá la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en la República Dominicana. En especial, cuando estas actividades propias del desarrollo, son objetos en medio del caos y del desorden para ejecutar acciones delincuenciales y criminales.

En Europa al igual que en Norteamérica, las inversiones en el desarrollo de las vías, y más si son transfronterizas, han tenido un repunte en los últimos años, especialmente en España, las inversiones en recursos económicos son cuantiosas, destinadas precisamente a la eliminación de los tramos de concentración de accidentes y de los llamados puntos críticos al concebir los gobiernos que la preservación de la vida es la prioridad, y el comercio y el intercambio cultural, para su sustentación.

Los motoristas y los peatones son los usuarios de las vías más afectados; con los resultados arrojados en el informe de los Indicadores Catastróficos, de que estos hechos son más frecuentes en carreteras (61%), debiéndose diseñar una estrategia alterna para la corrección o eliminación de los calificados TCAs, en tanto se apruebe un nuevo dispositivo legislativo que regule la movilidad y la seguridad vial, de manera integral.

Entre otros actores muy importantes, el Ministerio de Obras Públicas y los Ayuntamientos, tienen una cuota de responsabilidad grande en lo que sería la siguiente fase. Se trata de la ejecución de acciones conjuntas de una serie de trabajos en la infraestructura vial que combinada con otras medidas, se disminuirían las lamentables tragedias en la circulación. Pero hace falta liderazgo, autoridad y voluntad política para llevar a cabo una iniciativa de tanta trascendencia.

Recomendamos en primer lugar, tener en cuenta las condiciones de los muros y las isletas, crear facilidades para el uso de los peatones y los giros de retorno en las vías rápidas. La eliminación de los accesos ilegales, el control de la velocidad con radares fijos y móviles complementados con una actitud dura de las autoridades en cuanto al cumplimiento del uso de los dispositivos pasitos de seguridad, tanto en vehículos de cuatro ruedas como en motocicletas, son componentes a tomarse en cuenta. Además, de implementarse un programa de colocación masiva de advertencias de los TCAs acompañado de una adecuada publicidad para su conocimiento; la colocación masiva de las señalizaciones correspondientes constituye una obligatoriedad, lo cual crearía una nueva percepción en la ciudadanía favorable a la gestión gubernamental que recién inicia.

Contemplar la construcción de puentes peatonales y obligar el uso de los pasos de cebras en otros casos, son también convenientes con una labor de concienciación de las comunidades locales, reforzándose con un sistema de gestión interinstitucional, el sector privado y ciertas organizaciones cívicas y religiosas, los resultados también serán tangibles a mediano plazo.

La autopista Las Américas, la autopista Duarte, la autopista Sánchez, la 6 de noviembre, la charle de Gaulle, entre otras, todas próximas a los centros urbanos, son dignas de mejor atención en lo que se refiere a la prevención de accidentes.

Desde el 2007 hemos venido proponiendo una serie de posibles soluciones integrales al flagelo de la Inseguridad Viaria. Existen los documentos y las personas con quienes hemos conversado al respecto.

En ese sentido, la Fundación Red de la Dignidad, se complace y saluda las iniciativas que se vienen generando desde la Autoridad Metropolitana de Transporte, con el objetivo de regular el tránsito en el territorio nacional sin perder hasta el momento, la perspectiva de que la movilidad, el tránsito y el transporte deben acompañarse con la seguridad vial. Por primera, un vez esfuerzo aplicado en nuestro país, coincidiendo con nuestras sugerencias.

Pensamos, que esta preocupación del Director de AMET, General Juan Gerónimo Brown Pérez, pudiera ser bien comprendida e interpretada en los más altos niveles del poder político, para que estas iniciativas sean convertidas en tema de Estado.


Sobre esta noticia

Autor:
Mario Holguin Alvarez (114 noticias)
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Opinión
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