Una organización de derechos humanos pide a la Corte Penal Internacional que investigue por crímenes contra la humanidad 3.345 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008. La Federación Internacional de Derechos Humanos ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue judicialmente los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia entre 2002 y 2008.

En especial, se señala el fenómeno de los "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales, que durante dicho periodo, costaron la vida a 3.345 civiles, según cifras de Naciones Unidas. En su mayoría jóvenes y varones, fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano que enfrenta a la guerrilla -las FARC- con el Ejército y grupos paramilitares. Las víctimas fueron falsamente identificadas como guerrilleros muertos en combate y presentadas como tales a la opinión pública. La Federación sostiene que el crimen derivó de la exigencia impuesta por Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos a las Fuerzas Armadas de mostrar logros concretos en la lucha contra las guerrillas.

"Dado que los mayores responsables de las matanzas no son perseguidos a domicilio", señala el informe de la organización, recién presentado en Holanda, "el caso sería plenamente admisible por la CPI".

Los falsos positivos se convirtieron en un escándalo internacional en 2008. En agosto de ese año, un grupo de madres del municipio de Soacha (parte de la conurbación de Bogotá) se unieron para buscar a 16 de sus hijos. Los jóvenes habían desaparecido en circunstancias extrañas. Un año después, sus cuerpos aparecieron en una fosa común en Ocaña, al noreste del país, en la región andina.

El Ejército los identificó como delincuentes, paramilitares y guerrilleros. El rechazo ciudadano ante el fraude fue inmediato, y partir de entonces, familias de todo el país denunciaron sucesos similares. Según la Federación, "la práctica adquirió carácter sistemático". "Hay una relación directa entre las ejecuciones y las políticas del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002, cuyo Ministro de Defensa era el señor Juan Manuel Santos. Había un sistema de incentivos y recompensas, y la presión por generar resultados positivos, en el combate contra los grupos insurgentes".

El informe, presentado en el nuevo Instituto de Justicia Global, con sede en La Haya, añade que los falsos positivos se convirtieron en un negocio apoyado por los altos mandos del Ejército. Sus miembros, de otro lado, obtenían beneficios. Por ello, y porque investigaciones y juicios "se realizan en Colombia de manera aislada evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad", la Federación pide a la CPI que intervenga.

Para su fiscal saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, la situación no es nueva. En 2005 ya recabó información sobre la conducta de jefes paramilitares y guerrilleros colombianos, además de la Fuerza Pública. Su sucesora, la jurista gambiana Fatou Bensouda, confirmó en 2009 que el país figuraba en sus archivos "en fase preliminar de estudio". Es decir, no se ha abierto una investigación oficial, pero la actuación de la justicia nacional es seguida de cerca para ver si persigue a los culpables de los crímenes.

Hasta "Falsos Positivos" de Frentes "guerrilleros" falsos que en realidad eran integrantes de la hampa colombiana, pero sirvieron, en su momento, como un show mediático por la administración de Uribe como parte de la guerra psicologica en donde todo esta permitido bajo la batuta de la inteligencia militar. Los paramilitares vendieron fusiles inservibles al "Comisionado de paz" del gobierno uribista, Luis Camilo Restrepo, señor que está prófugo de la justicia.

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