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El ciclo político juega un papel clave en el comportamiento de las finanzas públicas. Por el lado del gasto, un gobierno recién llegado tarda un buen tiempo en "aterrizar" sus promesas de campaña en programas concretos de gasto. Sólo después de fraguado el "Plan de Desarrollo" durante el primer año, se verán avances de gasto durante el tercer y cuarto año de gobierno, hasta dejar "la olla raspada".

Por el lado de los ingresos, ha sido usual que los candidatos "escriban en piedra" que no subirán la tributación, pero a la altura del segundo año casi siempre la realidad les enseña que es indispensable elevar la presión tributaria (Recaudos/PIB) para concretar dichos planes de gasto, especialmente si ellos se relacionan con proyectos de inversión de largo alcance. Este ha sido el caso de la Administración Santos (2010-2014), la cual enfrenta grandes necesidades de inversión relacionadas con la infraestructura, tanto para manejar la bonanza minero-energética, como para enfrentar las exigencias de los TLCs.

Pero si la "economía política" de la búsqueda de una reelección inmediata embolata la reforma tributaria, pues esa "olla raspada" se reflejaría en ascensos en el déficit fiscal del gobierno central (GC) durante los años 2013-2014. Así, el cometido de dicha reforma tributaria debe ser la de generar ganancias en la presión tributaria del orden de 2% del PIB de forma sostenida. De no lograrse esto, tal vez la única tabla salvadora fiscal provendría de los excelentes "términos de intercambio externos" y los réditos que ello representaría para el fisco, especialmente a través de las ganancias de Ecopetrol, que son igualmente efímeras.

Entretanto, a nivel global están haciendo carrera dos tipos de reformas tributarias que resultan muy relevantes para Colombia. En primer lugar, ya ha calado el llamado de Warren Buffet para que los Congresos salgan de su "captura política" y entiendan que los "ricos" pueden hacer buenos negocios y continuar generando empleo y riqueza, sin necesidad de extenderles generosos alivios tributarios. Este ha sido un llamado a ganar en equidad tributaria. Debe superarse ese absurdo de que la clase media trabajadora-asalariada enfrenta mayores tasas efectivas de tributación que los políticos-ricos que viven de las rentas de sus portafolios en Wall Street (Piketty y Saez, 2008; Kaplan et al. 2010). Se ha calculado que el cúmulo de exenciones-deducciones implica un sacrificio fiscal del 7% del PIB en los Estados Unidos.

Así, con sólo recuperar la mitad de dicho sacrificio se aceleraría su convergencia fiscal hacia déficits inferiores al 3% del PIB y se evitaría que la relación Deuda Pública/PIB supere el 110% en los próximos años (ver The Economist, enero 21 del 2012).

De este debate surgen preguntas relevantes para Colombia: i) ¿qué sentido fiscal y de equidad tiene mantener exentos los réditos de la renta variable?; ii) ¿por qué continuar dando generosas exenciones tributarias (tanto en intereses como en el principal) en la adquisición de viviendas (diferente a la primera)?; iii) ¿por qué dar exenciones hasta del 30% en imporrenta cuando se destinan recursos a ahorros voluntarios con duración de sólo 5 años?; y iv) ¿por qué no gravar las contribuciones a las pensiones (o en su defecto los beneficios pensionales) a la misma tasa del imporrenta?

El segundo componente del debate internacional se relaciona con el IVA. Mientras Alemania y Francia han entendido la necesidad de reducir los costos laborales no salariales, sustituyéndolos con incrementos presupuestales apoyados en mayores tasas de IVA, en Colombia se habla de la necesidad de incrementar la formalización laboral, pero sin alterar sus determinantes fundamentales (alta inflexibilidad y sobrecostos no laborales del 60%), ver Comentario Económico del Día 21 de marzo del 2012.

Así, la tasa media del IVA en Europa bordea el 22% en la actualidad, un 18% en América Latina, pero en Colombia se insiste en mantenerla en 16% y con graves pérdidas en recaudo debido al manejo de siete tarifas diferenciales. El cuadro adjunto señala cómo, a pesar de las ganancias administrativas de la Dian durante el 2011, la presión tributaria tan sólo llegó al 14% del PIB (neto de devoluciones) frente a una media del 17% del PIB en América Latina. Es claro entonces que con sólo gestión no se alcanzarán los recaudos necesarios para volver una realidad las obras de infraestructura, amén del grave problema de inequidad que persistiría en Colombia, con un GINI de 0.58, el más elevado de la región y casi del mundo.