El compromiso de Gobierno y Podemos, recogido en el acuerdo de Presupuestos de 2019, de ceder a los municipios capacidad de regulación sobre los alquileres ha sido recibido con entusiasmo en el Ayuntamiento de Barcelona. A medio año de cerrar Ada Colau un mandato en el que se han disparado los precios de los arrendamientos en la ciudad, la alcaldesa se ha comprometido a que, si finalmente se les ceden competencias en esta materia, limitarán los alquileres "inmediatamente".

Colau ha recordado que en Catalunya se han hecho los "deberes" y ya disponen de un índice de precios de referencia, que es la herramienta que en el acuerdo de Presupuestos se prevé para limitar los incrementos abusivos por parte de los arrendadores. En 27 municipios catalanes hace un año que los inquilinos pueden comprobar en una web de la Generalitat cuánto debería costar su piso, pero ni los ayuntamientos ni la administración autonómica tiene ahora mismo potestad para forzar al propietario a cumplir con el índice.

El acuerdo entre el Gobierno y Podemos prevé que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las ciudades tengan esta capacidad. "Refomar la ley era un tema clave", ha celebrado Colau, que ha insistido que este pacto les acerca "más que nunca a poner freno real a la especulación vergonzosa". "Hace años que decimos que era una cuestión de mínimos revertir la liberalización del PP y aumentar la duración de los contratos", ha añadido.

La alcaldesa ha defendido que desde el Gobierno municipal han aprobado varias medidas para pacificar la burbuja del alquiler, entre ellas, la de reservar un 30% de todas las viviendas de promociones privadas para uso protegido. Aun así, ha venido a reconocer que para frenar la "especulación" en el mercado del alquiler era necesario un cambio en la legislación estatal.