Colombia, que vive un auge petrolero y minero impulsado por una millonaria inversión extranjera, aumentará las multas y los controles ambientales para proteger sus recursos naturales, anunció el miércoles el ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl.

El Gobierno aplicará una política de ‘zanahoria y garrote’ ante la necesidad de elevar los estándares ambientales a los interesados en explotar minas o yacimientos en el país sudamericano, rico en recursos energéticos, oro y carbón, dijo el funcionario en una entrevista con Reuters.

Colombia ha recibido millonarios recursos en inversión en la última década después de que logró mejorar la situación de seguridad por una ofensiva militar apoyada por Estados Unidos contra la guerrilla izquierdista.

Territorios que antes controlaban los rebeldes fueron recuperados y actualmente son explorados y explotados por decenas de empresas.

Sólo el año pasado la inversión extranjera directa, principalmente a los sectores petrolero y minero, se ubicó en 14.800 millones de dólares, el doble en comparación con la del 2010.

Pero ese auge tiene su costo y ha habido frecuentes quejas de comunidades vinculadas al vertimiento de aguas residuales a ríos y quebradas, así como la contaminación con partículas de carbón.

‘Es un proceso en donde es una mezcla de agendar conciencia para generar cambios de conducta, de tener un esquema de confianza hacia el sector privado, pero donde las consecuencias sean realmente impactantes para ellos si incumplen los compromisos’, dijo Pearl en una entrevista con Reuters.

‘Es decir que las multas dejen de ser un chiste, las multas y las sanciones a veces las compañías las pueden pagar de la caja menor. Entonces, una multa o una sanción tiene que tener relación con el daño causado y con el lucro de la actividad económica que se estaba realizando cuando se generó el incumplimiento’, explicó.

Pearl no reveló la tabla de multas con las que se sanciona actualmente a las empresas petroleras o mineras que provocan contaminación ni mencionó las tarifas que pretende imponer.

Pero sostuvo que las sanciones incorporarán cálculos de los activos ambientales y las externalidades o efectos secundarios.

MULTAS QUE DUELAN

‘La multa tiene que doler si no es por convicción’, afirmó Pearl, un economista que trabajó en el sector privado y ocupó el cargo de Alto Comisionado para la Paz en el Gobierno del ex presidente Alvaro Uribe.

El funcionario anunció que buscará que empresas con altos niveles ambientales como Occidental y la carbonera Cerrejón presten asesoría a otras firmas del sector.

La debilidad institucional es un aspecto que se debe corregir para frenar abusos de algunas empresas y comunidades, para lo que es necesario fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente, reconoció.

Entre los abusos más frecuentes identificó los de grupos de personas que aparecen sorpresivamente en áreas de exploración y explotación para reclamar a las empresas y al Estado millonarias compensaciones económicas.

Las leyes colombianas establecen que las empresas deben hacer una consulta previa con las comunidades de las regiones en donde van a operar y obtener su autorización para desarrollar los proyectos.

‘Vamos a meterle más dientes al esquema de consulta previa para evitar abusos’, dijo.

‘Esa gente lo que quiere es chantajear a las empresas privadas y chantajear al Gobierno, que se olviden de eso, aquí no aceptamos el chantaje’, advirtió al mencionar el caso de la brasileña MPX que ha enfrentado la oposición de comunidades para la operación de una mina de carbón y la construcción de un ferrocarril y un puerto sobre el Caribe en el norte de Colombia.

Pearl aseguró que todas las licencias ambientales se otorgarán con base en criterios y decisiones técnicas, pero aclaró que en zonas como páramos y parques naturales no se permitirán actividades de exploración ni explotación.

El país de 46 millones de habitantes, el cuarto productor latinoamericano de petróleo después de Venezuela, México y Brasil, proyecta bombear este año un millón de barriles por día (bpd), desde los 914.000 bpd del 2011.

Además del mayor peso que ganó el área petrolera en la economía, se expandieron igualmente las actividades de minería en el sector carbonero y aurífero. Colombia es el cuarto exportador mundial de carbón.

La minera canadiense Greystar desistió en marzo del 2011 de un proyecto de explotación de oro a cielo abierto en el noreste de Colombia en medio de presiones de ambientalistas, mientras que la sudafricana AngloGold Ashanti espera una licencia para una mina en el centro del país.

Preguntado sobre la posibilidad de espantar a inversores por las estrictas normas ambientales, Pearl respondió que más que la llegada masiva de capitales se busca responsabilidad.

‘Los criterios tienen que ser muy claros, si hay daño ambiental no se puede, pero si la tecnología lo permite si se puede, es un tema de administración de riesgos y de beneficios’, explicó.

‘Inversionistas que se espanten con el tema ambiental, son inversionistas que no queremos tener. Los inversionistas que queremos son las compañías sofisticadas, que saben que el tema ambiental es prioritario, esos son los que queremos que sigan viniendo’, concluyó.