Colombia declaró crímenes de lesa humanidad los homicidios de 34 militantes del partido Unión Patriótica (UP), por considerar que hubo una persecución sistemática contra este grupo de izquierda, en la cual unas 3.000 personas fueron asesinadas entre 1980 y finales de 1990.

"Nos encontramos ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Delitos de diferente categoría, como homicidios, desaparición forzada y otros delitos, como el delito de amenazas", señaló el fiscal interino Jorge Fernando Perdomo, según un comunicado de la Fiscalía.

Perdomo dijo que "se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos reiterados contra la población civil, ocurridos entre 1986 y 1996".

De origen comunista, la UP nació en los años 1980 durante el intento de diálogo de paz del gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras el fracaso de las negociaciones, se estima que más de 3.000 simpatizantes, militantes y dirigentes fueron asesinados por grupos paramilitares de ultraderecha, en alianza con agentes del Estado.

Al declarar estos casos como crímenes de lesa humanidad éstos no prescriben y se pueden continuar las investigaciones, destacó la Fiscalía.

"La figura de crímenes de lesa humanidad no existe como figura jurídica en Colombia, pero se usa en aplicación de los tratados internacionales", dijo a la AFP el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.

Sin embargo, Charry advirtió que esta decisión puede inhibir la acción de la justicia internacional, ya que si el caso está abierto en Colombia, organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) no pueden intervenir.

"Estos crímenes estaban a punto de prescribir y como en Colombia, un crimen, la pena máxima por homicidio son 30 años y si el tiempo transcurrido desde el hecho es mayor a la pena por ese crimen, estos casos hubieran quedado sin juzgar", dijo a la AFP el abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario Manuel Quinche.

- "Genocidio político" -

Tras la violenta persecución, la UP dejó de ser partido por falta de apoyo electoral en 2002, pero en 2013 un fallo restauró su personería jurídica, al reconocer que enfrentó una campaña de exterminio, en la que murieron incluso dos candidatos presidenciales. Uno de ellos, Bernando Jaramillo, asesinado 1990, es uno de los 34 casos considerados.

También está incluida la muerte en 1989 del líder de la UP José Antequera, cuyo hijo integró la primera delegación de víctimas del conflicto armado colombiano que viajó en agosto a La Habana en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC.

"Este es un paso importante para el reconocimiento del genocidio político", dijo a la AFP Aída Avella, excandidata presidencial de izquierda y militante de este grupo.

Avella, exiliada durante 17 años en Suiza tras sufrir un atentado en 1996, destacó que siempre estuvo claro que "el Estado estuvo vinculado con esos crímenes".

Para Iván Cepeda, senador de la formación de izquierda Polo Democrático, cuyo padre, único representante en el Senado de la UP, fue asesinado en 1994, este es un avance, aunque consideró que "persiste la impunidad".

En el caso del padre de Cepeda, cuya muerte ya había sido catalogada de crimen de lesa humanidad, el Estado de Colombia pidió perdón por su responsabilidad.

"Lo que sería procedente es que se reconocieran todos los casos, pero esto es bueno porque va a implicar que haya una priorización de la investigación", afirmó el senador.

Colombia vive hace medio siglo un conflicto armado en el que además de guerrillas de izquierda han participado paramilitares de derecha, agentes del Estado y bandas criminales, y deja hasta ahora unos 220.000 muertos y más de 5, 3 millones de desplazados, según cifras oficiales.