Colombia suspendió las negociaciones con las FARC tras el secuestro de un general del ejército, exigiendo a esa guerrilla su pronta liberación como prueba de su voluntad de alcanzar la paz, en la peor crisis desde el inicio de los diálogos hace dos años.

"El compromiso de las FARC está puesto a prueba. De su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación", dijo este lunes el mandatario en cadena nacional, reiterando que "mientras esta situación no se solucione", los negociadores del gobierno "no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones".

Los plenipotenciarios del gobierno debían reanudar este martes las pláticas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunista), en negociaciones que se desarrollan en La Habana desde el 19 de noviembre de 2012 sin una tregua en Colombia, para poner fin a un conflicto armado de medio siglo.

"Hay que ser claros: aunque estamos negociando en medio del conflicto, las FARC tienen que entender que a la paz no se llega recrudeciendo las acciones violentas y minando la confianza", dijo Santos, y reclamó a las FARC "que demuestren su voluntad de paz con acciones y no sólo con palabras".

El domingo, el brigadier general Rubén Alzate, el oficial de más alto rango capturado por las FARC, fue retenido en una zona remota del Chocó (oeste), junto al cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, durante un desplazamiento de civil para la supervisión de un proyecto energético.

La semana anterior, dos soldados, Paulo Rivera y Jhonatan Díaz, fueron tomados como prisioneros durante un asalto en Arauca (este, fronterizo con Venezuela).

Días antes, dos líderes indígenas, Daniel Coicué y Manuel Tumiña, fueron ultimados por las FARC en Toribío, Cauca (oeste), luego de que éstos retiraran una valla alusiva al fallecido jefe de las FARC, alias Alfonso Cano, abatido el 4 de noviembre de 2011.

La reacción de la guerrilla, la principal de Colombia y la más antigua del continente, es esperada este martes desde La Habana, donde el Centro de Prensa Internacional, dependiente de la Cancillería cubana, convocó a una "conferencia de prensa de la delegación de las FARC" para las 09H00 locales (14H00 GMT).

Una fuente cercana a las negociaciones dijo a la AFP que los rebeldes decidieron "esperar un poco" antes de pronunciarse, a fin de esclarecer los hechos.

- "Un momento crítico" -

Además de la Unión Europea, que este lunes llamó a una liberación "de inmediato y sin condiciones" de los rehenes, la oficina de la ONU en Colombia repudió los secuestros.

"Dado el notable progreso realizado por las partes en los diálogos de La Habana, y considerando la importancia de construir sobre estos logros para completar la agenda de paz, Naciones Unidas espera que la situación sea resuelta lo más pronto posible", indicó en un comunicado.

El expresidente de Colombia y actual senador, Álvaro Uribe, llamó por su parte a la comunidad internacional a exigir a las FARC el cese unilateral de las hostilidades, un tema sensible que polariza a la sociedad colombiana.

Un dispositivo militar fue desplegado en el Chocó, una empobrecida región sobre el Pacífico colombiano donde operan varios grupos ilegales, para rescatar a los secuestrados, en tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue convocado para una eventual mediación.

Este es el cuarto intento por alcanzar la paz con las FARC, y el que más lejos ha llegado con esta guerrilla, que nació en 1964 de una insurrección campesina y contaría con unos 8.000 combatientes.

Las FARC se habían comprometido a no secuestrar más civiles, pero se reservaron el derecho de capturar a policías o militares como prisioneros de guerra.

"El secuestro devela lo difícil que es mantener una negociación en medio de una confrontación en curso", dijo a la AFP el director del centro de estudios del conflicto CERAC, Jorge Restrepo.

Según el experto, esto pone al proceso de paz en "un momento crítico", que puede romper la negociación o fortalecerla.

En agosto de 2013 las FARC suspendieron temporalmente las pláticas por diferencias con el gobierno sobre el mecanismo para refrendar un eventual tratado de paz.