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Luego de que en la Procuraduría General de la Nación, se surtiera la audiencia de conciliación por el crimen de lesa humanidad del que fue objeto un niño de 15 años en Febrero pasado ocurrido en el barrio Jaime Bermeo de la localidad de Suba, los medios masivos de comunicación, han vendido la indemnización que recibirá la familia del menor, como la obligación que le corresponde cumplir a la Policía Nacional.
Por supuesto que no estamos en contra de esa obligación del estado para con la familia de la víctima, lo que indigna, es que los colombianos tengamos que asumir el costo económico por las acciones salvajes como estas, o como las constantes equivocaciones de la justicia colombiana recordando el vergonzoso caso de Sigifredo López, que es uno de los tantísimos desajustes judiciales del país.
Creemos que en la mente de los colombianos, todavía posa el recuerdo del acto salvaje de los "agentes del orden", que muy campantemente se les ocurrió rociar con gasolina y prenderle fuego al menor Wilmer Alejandro Bernal Camelo, quien por razones suyas y de su interés, dormía debajo de un puente en Bogotá.
Ese niño sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo muriendo una semana después. En pocas palabras, fue víctima de una tortura pública por parte de dos uniformados de la Policía Nacional, que en nada se diferencian de las salvajadas cometidas por las FARC, pero como eran policías, pasaron a calificarse como hechos aislados, contrario a como se califica cuando la acción la comete un insurgente, ahí si pasa a ser responsabilidad de todo el grupo guerrillero y se califican a todos por igual de terroristas, pero en el caso de este menor, solo fue la acción aislada de dos miembros de la institución, pero no fue un acto terrorista. ¡Ah mundo jediondo!
Sin embargo, la nación fue condenada al pago de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los familiares del infortunado, los cuales los colombianos tendremos que pagar en un plazo de 18 meses, sin embargo están diciendo que es a la Policía a quien le corresponde cubrir la millonaria suma.
Deberían condenar a la alta oficialidad de la institución, a que con sus salarios reúnan los 280 millones de pesos que corresponde a la familia del menor, tal vez así, traten de actuar con más honestidad, tal vez así, se recupere el orgullo de ser policía, y no como en ese caso que según testigos, los policías implicados extrajeron gasolina de la motocicleta en la que realizaban patrullajes "brindando seguridad" "defendiendo" la vida, se la arrojaron al cuerpo del menor, le prendieron fuego y huyeron como vulgares delincuentes, así como actúan los sediciosos de las FARC, por eso insistimos, todo el que usa armas abusa de ellas. Pero más pesar nos da, que aún existan colombianos que rechacen los crímenes de la guerrilla y por un amor de patria infundado, justifiquen crímenes de estado como éste, solo porque el muchacho dormía en la calle.
Menos mal había un celular grabando, sino a quién hubieran responsabilizado de ese acto horroroso. Tal vez estarían diciendo que fue ajuste de cuentas entre pandillas.
Por: Nelson Armesto EchavezVER AQUÍ VIDEO
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