La decisión del Consejo de Estado obliga a la Armada a resarcir los daños ocasionados a un campesino baleado abusivamente por un militar.

El hecho se presentó el 16 de enero de 1994 en el corregimiento de Tierra Grata Municipio de El Carmen Bolívar, cuando infantes de marina sometieron a varias personas a una requisa.

Allí Jorge Enrique Manjarrez Wilchez fue requisado junto a otros amigos. Ellos departían en una tienda cuando los uniformados llegaron.

Culminado el procedimiento de requisa, Manjarrez Wilchez era conducido ante el comandante de la patrulla, pero éste al parecer corrió siendo blanco de disparos en su contra por parte de un infante de marina.

Manjarrez Wilchez resultó lesionado en el hombro izquierdo y como consecuencia de la lesión padece la limitación del 50% en la rotación externa del hombro, abducción del brazo, sufrió una incapacidad médico legal definitiva y una deformidad física que le causó perturbación funcional del miembro superior izquierdo de carácter permanente.

En virtud de estos hechos, el infante fue condenado por el Tribunal Superior Militar a la pena de tres (3) años de prisión y separación absoluta de las Fuerzas Militares.

En virtud de las secuelas que le produjo el disparo, el campesino no pudo volver jamás a cultivar, ni a trabajar por lo que vive de la caridad de sus familiares.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en una primera instancia, concedió la demanda interpuesta por familiares del campesino lesionado, sentencia que pasó al Consejo de Estado en virtud de la apelación presentada por la Armada Nacional.

El Consejo de Estado determinó que ante estos hechos la Armada Nacional debía cancelar al afectado cerca de $115 millones.

A juicio del ente judicial, el militar tenía a su disposición otros medios para impedir la huída de quien era objeto de la requisa y no lo hizo, por el contrario, optó por hacer uso desmedido de su arma, en el marco de una actuación que resulta a todas luces reprochable, calificándose como precipitada, innecesaria y desproporcionada.