Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron el jueves en la noche, en último debate, el proyecto de ley que da vía libre a las Asociaciones Público Privadas (APP) y que permite que las obras de infraestructura sean asumidas en su totalidad por el sector privado.

El proyecto pasará de inmediato a sanción presidencial y una vez firmada, la nueva Ley permitirá la inversión de importantes músculos financieros, locales y extranjeros en la Infraestructura del país. El ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez celebró la aprobación y afirmó: ‘Esta Ley es la herramienta para realizar la gran infraestructura que requiere el país’.

El Ministerio de Transporte reconoció y agradeció el trabajo del Ministerio de Hacienda y del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, y la buena voluntad del Congreso de la República para sacar adelante esta iniciativa que le dará un vuelco a la infraestructura del país, permitiéndole a Colombia ponerse a la altura de otros países que ya superaron el atraso en esta materia.

La Ley de APP vincula al sector privado a asumir los riesgos que implica invertir en megaobras en el país, carga que siempre ha venido asumiendo el Estado.

El proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas tenía mensaje de urgencia del Gobierno Nacional y durante la plenaria, se consideraron y aprobaron sus 37 artículos.

El Congreso aprobó el proyecto de ley de Asociaciones Público Privadas que abarca iniciativas públicas y privadas para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura.

La ley va más allá del sector transporte e incentiva la vinculación de capital privado a otros proyectos en sectores sociales, justicia, cárceles, colegios, hospitales, entre otros.

Busca atraer inversionistas institucionales (Fondos de capital privado), que sirvan como desarrolladores de proyectos. Los aportes públicos se harán cuando el Estado verifique la disponibilidad de la infraestructura y los niveles de servicio acordados con el contratista.

Los proyectos serán máximo a 30 años, incluidas las prórrogas y las adiciones de recursos públicos o las prórrogas en plazo tendrán un límite determinado hasta del 20%.

Los derechos a retribuciones estarán condicionados a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto.

Se refuerza la adecuada estructuración de proyectos en cuanto a estudios, análisis de riesgos, evaluación socio económica e incluye el concepto de ´valor por dinero'.

La Ley contiene cambios en el tratamiento presupuestal respecto a las vigencias futuras de los proyectos APP nacionales y territoriales.

Si la iniciativa en la que participen los privados es del sector público, los recursos para financiar el proyecto podrán ser públicos y privados, pero el proceso de selección de los inversionistas se realizará a través de licitación pública.

• Si los proyectos son de iniciativa privada se dan dos posibilidades:

1. Estos podrán contar con recursos públicos de hasta el 20% del presupuesto estimado de inversión inicial proyecto. En este caso la selección del inversionista será realizada a través de licitación pública y obtendrá un puntaje adicional por haber originado el proyecto.

2. Cuando la financiación de la totalidad del proyecto esté a cargo de los privados operará el mecanismo de selección abreviada, y en caso de que el originador del proyecto no sea seleccionado, tendrá derecho a mejorar la oferta de quien se gane el concurso.

Beneficios

El ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, -en compañía del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Andrade- explicó hoy los principales beneficios que tendrá el país con la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas – APP, aprobada anoche en el Congreso de la República.

Cardona confirmó que la Ley APP servirá para obras de infraestructura vial y también para construir cárceles, colegios, hospitales y acueductos, entre otros. "Quisimos que se beneficiara no sólo el Gobierno Nacional sino además las Alcaldías y las Gobernaciones, para que los inversionistas privados también le puedan proponer a los entes territoriales", aseguró el Ministro.

El proyecto tiene 2 componentes: Uno, las APP con aporte de recursos públicos, que no podrán superar el 20 por ciento del valor del proyecto. El particular deberá presentar una propuesta detallada que estudiará la Agencia Nacional de Infraestructura y si así lo decide, la Agencia abrirá una licitación en la que podrá participar cualquier persona, "pero el proponente que hizo la propuesta inicial tendrá una ventaja en puntaje entre 3 y 10 %. Si otro proponente mejora la propuesta original, el primero podrá mejorarla en 10 días. Y si no lo hace y se retira, simplemente se pagará un valor por la propuesta original", complementó el Ministro.

El otro componente es cuando el inversionista hace una propuesta sin solicitar recursos públicos, es decir, 100 % capital privado. En ese caso, la Agencia será la encargada de analizar las posibilidades de desarrollar el proyecto.

Otra ventaja que ofrece el esquema de APP es que el inversionista privado que venga a ofrecerle al Gobierno Nacional la ejecución de una obra, también deberá operarla y mantenerla durante un tiempo determinado, obligándolo a elaborar estudios y diseños precisos para que esa operación y ese mantenimiento no le generen extra costos a su cargo.

El plazo máximo para las asociaciones público privadas será de 30 años, pero si el proyecto no logra el cierre financiero en ese tiempo, irá al Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para ser analizado por las autoridades económicas del Estado.

"Esperamos muchos jugadores nacionales e internacionales que vengan a invertir en Colombia, este esquema servirá para desarrollar puertos, aeropuertos, sistema férreo y todo lo que sea infraestructura. Este es un esquema que Colombia lo estaba necesitando y que en otros países está en funcionamiento", concluyó el ministro Cardona.

Finalmente, el jefe de la cartera ministerial agradeció al Congreso por el juicio con el que atender el mensaje de urgencia del presidente Juan Manuel Santos, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación.

La Ley de APP está pendiente de la sanción presidencial para entrar en funcionamiento.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, aseguró que todos los proyectos en la fase de estructuración, financiación y desarrollo serán asumidos por los privados. Sólo se permitirán alianzas público privadas en proyectos cuyo costo sea superior a 6.000 salarios mínimos, habrá aportes en especie y que excepcionalmente se permitirán proyectos que tengan un plazo superior a los 30 años y cuya estructuración financiera esté definida y previo concepto del Conpes.