El Congreso investigará el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el centro donde cursaron sus másteres el presidente del PP, Pablo Casado, la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes y la exministra de Sanidad Carmen Montón. PSOE, Unidos-Podemos y Ciudadanos han avanzado su voto favorable para constituir una comisión de investigación lo que suma apoyos suficientes. Esta comisión se une así a otra sobre universidades que se llevará a cabo en la Asamblea de Madrid y que afecta a la URJC.

Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y Esquerra Republicana habían presentado la solicitud el 13 de septiembre pasado, solo dos días después de que Montón dimitiese tras revelarse que poseía un título de posgrado plagado de irregularidades obtenido en el IDP que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde. Se sumaba a la salida de la presidencia regional de Cristina Cifuentes. En ese momento todavía estaba pendiente la decisión del Tribunal Supremo sobre la investigación del posgrado de Pablo Casado.

El Instituto de Derecho Público ?clausurado por la Rey Juan Carlos desde el mes pasado? estuvo siempre dirigido por Álvarez Conde. Gozaba de una independencia sin parangón en el mundo universitario concedida por el rector de la URJC en el momento de su fundación en 2001, Pedro González Trevijano.

El IDP del catedrático funcionaba como una empresa opaca con nula o escasa supervisión por parte de la Universidad. Disponía de CIF propio y extendió sus actividades a campos muy alejados del derecho a base de impartir y amparar cursos incluso en centros privados a los que certificaba a cambio de ingresos. Al final, lo que ha quedado acreditado es que en este instituto se creó un ecosistema para facilitar títulos a estudiantes privilegiados a cambio del engordar sus lista de matriculados. Ese engorde redundaba en ingresos directos para los docentes más involucrados en el funcionamiento del IDP y aumento de sus esferas de influencia y prestigio académico.

Al final de esa cadena, también falló la labor de control del Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. Prácticamente todas investigaciones judiciales sobre estos másteres están actualmente archivadas ?a la espera del recurso anunciado por la URJC?. La decisión del Tribunal Supremo de no citar a Casado arrastró a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel a finiquitar sus pesquisas.

Solo permanece activa la instrucción del acta falsificada del trabajo fin de máster de Cifuentes (existe otra pieza por malversación de fondos de Álvarez Conde por la utilización del dinero del centro). También esta pendiente el resultado de una auditoría promovida por la Rey Juan Carlos tras detectar irregularidades en la gestión económica de Álvarez Conde.