El Congreso de Paraguay aprobó el viernes la destitución del presidente Fernando Lugo, en un vertiginoso juicio político impulsado por aliados y opositores que volvió a poner en juego la estabilidad institucional del país sudamericano.

En un proceso de dos días, los legisladores hallaron al mandatario culpable de incumplir sus funciones al dejar que creciera la conflictividad social en el país, que tocó su punto máximo el viernes pasado cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos.

‘Se declara culpable al acusado Fernando Lugo Méndez, y por lo tanto, queda separado de pleno derecho de su cargo’, dijo Jorge Oviedo, presidente del Congreso tras la votación en el Senado que tuvo 39 votos a favor de la destitución y 4 en contra.

Sus abogados, que tuvieron sólo dos horas para defender al presidente, pidieron a los legisladores durante el juicio político la desestimación del escrito del libelo acusatorio y aseguraron que todo el proceso era inconstitucional.

Lugo, que tras la decisión del Congreso permanecía en el palacio de Gobierno, perdió respaldo político interno por el manejo de la crisis que provocó la masacre, a solo nueve meses de las próximas elecciones.

Después de la votación en el Congreso, manifestantes a favor de Lugo que estaban concentrados fuera del Congreso fueron dispersados con balas de goma y gases lacrimógenos.

AMENAZA A LA DEMOCRACIA

Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) respaldaron a Lugo y dijeron que está amenazado el orden democrático por la falta de garantías procesales para el presidente. .

‘Apenas a nueve meses de unas elecciones (…) de manera apresurada, se ha violado todo el debido proceso a la defensa y los derechos elementales democráticos’, dijo el canciller venezolano, Nicolás Maduro, a la prensa después de la decisión del Congreso.

La delegación sudamericana mantuvo reuniones con el mandatario ahora destituido, legisladores, el vicepresidente y la Corte Suprema y luego aseguraron en un comunicado que la situación de Paraguay podría estar comprendida en las cláusulas democráticas del bloque, dejando abierta la puerta a no reconocer al sucesor de Lugo.

Y también sugirieron que sus países podrían estudiar sanciones, aunque no detallaron de qué tipo.

De acuerdo con la Constitución paraguaya, el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal y con quien Lugo ha tenido enfrentamientos, debe asumir ahora como presidente.

El último juicio político a un mandatario en Paraguay había sido en 1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que el juicio concluyera.