La Contraloría General de la República dio concepto desfavorable a la gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR en la vigencia de 2011, no feneció la cuenta rendida por la entidad y estableció 107 hallazgos administrativos, 19 de ellos con posible incidencia fiscal (por $7.385 millones aproximadamente), 50 disciplinarios, 5 penales y 4 con otras posibles incidencias.

Igualmente se solicitará la apertura de 7 indagaciones preliminares.

El mayor hallazgo fiscal tiene que ver con la gestión de entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Funza, que no ha sido recibida por este municipio y está a cargo de la CAR pese a que esta entidad no es un prestador de servicios públicos domiciliarios.

Según la CGR, en este caso se está "frente a un daño patrimonial derivado del cumplimiento de funciones de la CAR por fuera del marco legal y de presunto incumplimiento de compromisos del Alcalde Municipal de Funza en el recibo de esta infraestructura, que ha causado un daño patrimonial a la Corporación por la suma de $1.847 millones".

Esta suma es la cantidad de recursos que en los últimos cuatro años ha destinado la CAR de su presupuesto a la operación y mantenimiento de la PTAR Funza, que para la CGR "debieron haber sido cubiertos vía tarifa por cuanto el tratamiento es parte del servicio de alcantarillado, que debió hacer sido operado por un prestador debidamente reconocido.

Y serían responsables de este presunto detrimento patrimonial los alcaldes municipales de Funza de los últimos períodos, el director general de la CAR y los miembros del Consejo Directivo de la entidad, indica el informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

Este presunto hallazgo será trasladado a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, para lo de su competencia.

Adicionalmente, por tratarse de una conducta que vincula en sus efectos a las 22 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales restantes que actualmente administra, mantiene y opera la CAR con recursos de su presupuesto, la Contraloría General de la República abrirá una indagación preliminar a fin de individualizar y cuantificar los daños fiscales.

El proceso de operación y mantenimiento que se adelanta con las PTAR bajo la administración de la CAR, se encuentra delegado a través del contrato de operación y mantenimiento No. 902 de 2009 con la firma CONHIDRA S.A. –E.S.P., como Operador Gestor, a la cual se le delegó el desarrollo del proceso de Gestión Integral PTAR`s, para transferir a los municipios estas plantas de tratamiento.

Presunto detrimento por pago de imprevistos

De otro lado, el informe de auditoría dice que en los contratos suscritos por la CAR con recursos provenientes de Colombia Humanitaria, no se evidencia que los pagos efectuados por concepto de imprevistos se hubiesen confrontado y soportado por parte del contratista.

En los Contratos 503, 505, 518 y 519 de 2011, el pago de imprevistos es por $795 millones y se pudo determinar que "La administración de la CAR ha venido cancelando por concepto de imprevistos sumas que el contratista no ha demostrado y que implican un presunto detrimento patrimonial por $988 millones".