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Cómo pretender alcanzar la paz y la armonía en el país con más corrupción y violación de derechos humanos de América Latina, si es claramente visto como el Congreso Nacional legisla en beneficio de las clases poderosas del Estado.
Cuándo van a aceptar estos padres de la patria inmundos, que los militares como Plazas Vega, no están presos por combatir contra el M-19 ni por "recuperar" de las fauces guerrilleras el Palacio de Justicia, sino por asesinar, torturar y desaparecer a personas inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado que se libraba en ese instante.
En el Congreso hoy cursa un proyecto de ley que abriría la posibilidad, de devolverle, la libertad a los criminales que aprovechando la condición de militares desaparecieron a personas que por razones ajenas a lo que ahí sucedió, se encontraban dentro del Palacio a la hora de la toma por parte de un comando armado del M-19.
En diálogo con caracol Radio, el senador Roy Barreras, los beneficios de esa ley cuya ponencia del séptimo debate, permite que los futuros desmovilizados tengan vocería política y puedan formar parte de partidos políticos, recibiendo beneficios que podrían llegar hasta la excarcelación según palabras del congresista, los cuales se aplicarán a todos los actores del conflicto armado.
"A todos los militares que hayan sido condenados, considerados culpables, en el marco del conflicto, podrían aplicárseles la justicia transicional", afirmó el senador.
Según el texto (mico) de la ponencia propone que el primer artículo del proyecto incluya un nuevo párrafo en donde se indique que "en desarrollo de la finalidad de los instrumentos de justicia transicional, en el caso de los agentes del Estado, las herramientas a las que se refiere el presente artículo podrán ser diseñadas de manera específica para que sean aplicadas, a la terminación del conflicto armado, a quienes hayan infringido normas penales".
La modificación expresa estaría garantizando la posible rebaja de penas y hasta excarcelación para los agentes estatales que hayan infringido la ley en el marco del conflicto armado.
Es ahí donde se podría estar buscando el gancho para sacar de donde deben estar, a esos militares criminales de guerra que jamás debieron portar el uniforme del Ejército Nacional.
Ya fueron condenados, ya se les debe quitar el remoquete de presunción para señalarlos como abusadores del poder, y como criminales deben permanecer tras las rejas el tiempo designado por la ley.
En mi concepto, ningún miembro de las Fuerzas Armadas debe recibir beneficios luego de comprobársele su participación en delitos que atenten contra la vida humana, y menos cuando se trata de la peor humillación que puede recibir un ser humano que es la tortura y posterior desaparición.
Ese proyecto que será debatido a partir del lunes en la Comisión Primera del Senado, no es más que otro engaño y burla a las víctimas del conflicto en nombre de la paz. Siempre tratan de acomodar las leyes en nombre de la paz y la democracia, cuyo único fin es beneficiar a los criminales de cuello blanco.
Desde un principio la condena al militar Plazas Vega, despertó la "ira santa" al interior de la clase política que apoya las desapariciones y torturas como un acto del servicio, y como no pudieron torpedear la acción de la justicia para evitar que esos criminales fueran a la cárcel, ya se están inventando la ley para devolverles la libertad.
Como colombiano podría aplaudir que el Ejército de Colombia no solo recupere si volviera a presentar la ocasión, el Palacio de Justicia y cualquier otra entidad que sea sometida por los grupos al margen de la ley, pero que se trate de confundir a la gente haciéndoles creer que a los pobrecitos los metieron tras las rejas por sacar del Palacio a los miembros del M-19, es algo desde todo punto de vista, repudiable.
Ellos están presos y deben seguir así, porque se excedieron de la fuerza, porque abusaron del uniforme y la autoridad para desaparecer gente que nada tenía que ver con ese conflicto, esa es la versión que como medios de comunicación, nos corresponde dar.
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