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Crisis por Gratuidad en la Educación

07/04/2012 13:19 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Mirando la problemática educativa generada por la gratuidad de la educación me han puesto a analizar la realidad inminente de lo que pasa dentro de las instituciones Educativas del país

CRISIS POR GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN

Por: Luz Myriam Torres

Mirando la problemática educativa generada por la gratuidad de la educación emitida en el decreto 4807 del 20 de Diciembre de 2011 me han puesto a analizar la realidad inminente de lo que pasa dentro de las instituciones Educativas del país.

La Ley 1450 de 2011 en su artículo 140 ha establecido “…que los recursos del Sistema General de Participaciones para educación que se destinen para gratuidad educativa deberán ser girados directamente a las instituciones educativas estatales, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca.”

El artículo 44 de la Constitución Política esgrime que la educación es un derecho fundamental y que el Estado tiene la obligación de protegerlo; el artículo 67 del mismo ordenamiento señala que la educación es un derecho de la persona, un servicio público, que tiene una función social y que será gratuita en las instituciones del Estado “…sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.”

El mismo Decreto 4807 de 2011 en su artículo 11 establece dentro de las obligaciones, que no se realizará “…ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios a los estudiantes matriculados en la institución educativa entre transición y undécimo grado…”, reglado que no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 67 inciso 4 de nuestra Constitución Política.

La Constitución Política esgrime que la educación es un Derecho Fundamental

Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional es el ente encargado de realizar los giros a los fondos de servicios educativos, los cuales se vienen haciendo de forma tardía, lo que indica que los alumnos no pueden iniciar clases en tiempo como lo ordena la Ley de Educación. Un año académico comienza a más tardar en el mes de febrero y previo a ello los establecimientos educativos tienen que estar preparados para poner a toda marcha sus labores; si una Institución Educativa no cuenta con los recursos para su funcionamiento, sumándole las prohibiciones a las asociaciones de padres de familia establecidas en el Decreto 1286 de 2005, artículo 12 se verá avocada a prestar un servicio ineficiente a quienes el máximo ordenamiento jurídico colombiano defiende.

En la sustentación del Decreto de gratuidad se argumenta “Que los cobros de derechos académicos y servicios complementarios han sido una barrera para el acceso a la permanencia escolar en la educación preescolar, básica y media…”, en este evento sería más cómodo propender por la gratuidad en las universidades debido a que muchos estudiantes terminan el grado once sin tener la oportunidad de seguir preparándose para el futuro en un medio laboral cada día más exigente. Si miramos atrás han sido generaciones las que sin gratuidad y con sacrificio nos formamos, nuestros padres muchas veces con más de seis hijos por todos respondían al menos hasta el grado once; no cabe duda que la decisión beneficia a muchas familias, por otro lado vulnera el mismo derecho a la educación por el hecho que el Estado a sabiendas que se hace urgente girar los recursos no lo hace en tiempo; la educación tiene muchas necesidades y para los Departamentos que se benefician con las regalías y de las cuales disponen para este servicio, cada año les será más restringido por habérseles fijado ese tope controversial. Nuestro país propende por una educación global pero hace falta la esencia del cumplimiento para su engranaje.

Finalmente, en un Estado benévolo más vale aprovechar las garantías ofrecidas aunque la experiencia cuente a través de la historia que cuando los recursos del Estado son utilizados para servicios totalmente gratuitos los beneficiarios terminan subvalorándolos.


Sobre esta noticia

Autor:
Luciana Tove (7 noticias)
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Tipo:
Opinión
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