18 Mayo 2009

Da pena y humilla a los colombianos, quienes nos sentimos orgullos de tener la democracia más antigua de América, que haya necesidad de apelar a organismos internacionales para que le pongan freno al abuso del gobierno. Uno de los fundamento de la democracia en cualquier parte del mundo es la separación de poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y el respeto e independencia entre ellos, situación que en Colombia esta fallando en forma grave. En una posición abusiva y abiertamente antidemocrática, el ejecutivo desconoce la autonomía de los dos restantes y son permanentes las agredidos para someterlos a la voluntad caprichosa y politiquera del presidente de la república. El Congreso de la república no puede actuar autónomamente, está sometido y se le da a detalle al agenda que debe desarrollar so pena de ser castigado quintándole los cargos públicos, contratos y otras gabelas con la que la presidencia considera adquirió sus voluntades a perpetuidad. Las agresiones al poder judicial han sido permanentes, pero sin logros de sometimiento. La pérdida de valores éticos y morales en nuestra sociedad, estimuladas por los altos funcionarios del Estado, ha facilitado el accionar el ejecutivo en este sentido.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en un acto de legítima defensa de la democracia colombiana, solicitó la intervención del relator de la ONU. Según el Presidente este alto tribunal, "lo que se busca con la presencia del relator es contar con un canal internacional para que observe las relaciones que se presentan entre los poderes públicos, saque sus conclusiones y las divulgue... La presencia del relator se puede dar de dos formas: por el canal diplomático o de oficio, pero la Corte prefiere que sea el gobierno el que tramite su presencia por eso le pidieron que la fecha la fijen con la ONU". El objetivo central de la misión del relator es que investigue el espionaje a magistrados de ese tribunal desde el Das evento criminal al que podrían estar vinculados directamente funcionarios de la Casa de Nariño. Este escándalo, al que se la ha querido resta importancia por parte del presidente, que han enlodado la imagen del Gobierno como la de ningún otro gobierno en el país a través de toda su historia. Se quiere saber por parte de las altas Cortes colombianas la repercusión que estos actos tienen en la independencia de los poderes públicos y la pureza de la democracia.

Así haya algunas personas de oscuras y extrañas formas de pensar, quienes consideran que el antidemocrático y abusivo comportamiento de los altos funcionarios del gobierno es bueno, hay cantidades quienes aseguran "no es la forma de actuar de un buen gobierno" ni para el país ni para el mundo porque gobernar no es atropellar a los que piensan o asumen posiciones diferentes a las del ejecutivo ocasional. Los medios de comunicación internacionales europeos escriben temas como "El presidente Álvaro Uribe afronta un escándalo por el espionaje que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se hizo a magistrados, periodistas y líderes de la oposición antes y después de las elecciones del 2006, en las que fue reelegido para un segundo mandato". No están inventado nada, no están calumniando aun cuando si pueden llegar hacer daño a Colombia, pero no son ellos los responsables del perjuicio sino el gobierno colombiano. La labor sagrada del periodista es informan como con las cosas.

Estos acontecimientos resultan graves para el equilibrio democrático, pues ponen en alto riesgo la independencia que la Constitución Política le entrega a la Rama Judicial"

Los ataques al Poder Judicial por parte del jefe del ejecutivo y algunos de sus ministros, desde que la Corte Suprema de Justicia inició investigaciones contra los "parapolíticos", en su mayoría familiares y amigos políticos del gobierno, nunca han cesado y por temporadas arrecian. Álvaro Uribe criticó agriamente en septiembre pasado al relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la Independencia de magistrados y abogados, Leandro Despouy, quien pidió poner fin a los enfrentamientos entre el Gobierno y la Corte Suprema. Es el mismo a quien se le invita ahora. El problema antidemocrático y dañino para la Patria esta en la presidencia de la República de Colombia. Estriba en que el presidente no admite que los el Poder Judicial se defiendan o tengan defensores de sus ataques. Cuando aparecen defensas y defensores se llena de ira venenosa y explota sus diatribas sin medir consecuencias.

Los colombianos amantes y defensores de la democracia sostienen que "...estos acontecimientos resultan graves para el equilibrio democrático, pues ponen en alto riesgo la independencia que la Constitución Política le entrega a la Rama Judicial". Líderes del opositor Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, entre otros, acusaron a Uribe y a funcionarios cercanos de estar detrás de interceptaciones telefónicas ilegales que se utilizaron como parte de una estrategia para neutralizar a la oposición. Este criterio se poye por todas partes y cuando surge un tema de conversación política. Es la nueva opinión política sobre el gobierno de Álvaro Uribe que los encuestadores se cuidan que no vaya entrar a las encuestas de "simpatías hacia el presidente". Nadie ni los de arriba ni los de abajo comen entero a las explicaciones dadas. "El Consejo de Estado no encuentra suficientes las explicaciones que al respecto ha expresado el Gobierno Nacional". Para aceptarlas, como la ha dicho el presidente y el jefe del Das, necesariamente se tiene que ser tarado mental o totalmente negado para analizar los eventos nacionales con algún grado de atino. Por el contrario, generan mas dudas y temores:"...urgen medidas inmediatas para proteger a los testigos en desarrollo de las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales... La Corte considera que ello es necesario para preservar la intangibilidad de la prueba y la integridad de esas personas".

Entendido es que, todo lo actuado por los magistrados es el defensa de la democracia colombiana puesta en peligro por el gobierno de Uribe.