El Departamento Nacional de Planeación a través de la Dirección de Regalías aprobó inversiones por $38.884 millones para que se adelanten contrataciones en servicio de alimentación y transporte escolar. Dichos recursos se tenían retenidos debido a que las entidades territoriales se encuentran suspendidas y aún no han superado la causal de dicha medida

Los beneficiarios son el departamento de Casanare y los municipios de Castilla La Nueva – Meta y la Jagua de Ibirico – Cesar.

Al departamento de Casanare se le autorizó una contratación por $29.282 millones que se destinarán a: $20.455 millones a beneficiar a 63.500 estudiantes con servicio de alimentación escolar; $7.189 millones a beneficiar a 2.850 estudiantes a través de cupos en internados; $1.637 millones a interventoría contractual.

A Castilla La Nueva – Meta se le autorizó una contratación por $3.303 millones que se destinarán a $1.400 millones para la implementación de transporte escolar que beneficiará a 850 niños; $1.700 millones para la asistencia nutricional escolar en el área urbana, rural y centros poblados del municipio, proyecto que beneficiará a 2.500 niños; $203 millones para la interventoría contractual.

A la Jagua de Ibirico – Cesar se le autorizó una contratación por $ 6.299 millones que se destinarán a $6.299 millones para servicios de alimentación escolar en el municipio, que beneficiará a 6.685 estudiantes. El valor de este proyecto incluye la interventoría contractual.

Lo anterior, se da en concordancia con lo manifestado por el Presidente Juan Manuel Santos a fin de atender la solicitud de alcaldes y gobernadores de las entidades territoriales productoras en temas de financiación de transporte y la alimentación de los niños.

Finamente, el DNP realizará la verificación periódica y selectiva en forma directa de la ejecución y resultados de las inversiones financiadas con estos recursos, así como de las respectivas fuentes de información, a través de visitas de inspección. Así mismo, podrá someter dichas inversiones a espacios de participación ciudadana para su control social y adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias a que haya lugar.