La situación de los Departamentos del Cauca y de Nariño, son de extrema complejidad y con el único fin de protegerlos de la inmisericorde violencia, habrá que ser audaces y comprometidos.

Todos los factores posibles que pueden alimentar la violencia, están allí inmersos y, está muy deteriorada la acción mediática que arrojan sus consejos de seguridad, donde es relevante y evidente, que las medidas no sirven en lo absoluto para palear el horror que están viviendo y soportando.

Porqué el Gobierno, mediante el consejo de Ministros no toman la decisión de analizar de manera profunda el:

ARTICULO 213 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA QUE DICE:

“En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.

Por falta de voluntad política o por aquellos vericuetos politiqueros, inmediatistas y por no correr con el costo político que la aplanadora de la Unidad Nacional no quiere correr, están permitiendo que una comunidad sea sometida al exterminio.

Es muy conveniente analizar este aspecto y con los instrumentos que le proporciona la Constitución, que son precisamente para utilizarlos y más cuando se trata de proteger a toda una comunidad, procedan a salvaguardar a una Comunidad. Allí están blancos, mulatos, afrodescendientes e indígenas y es muy peligroso que el Estado por no hacer uso de los mecanismos que tiene la carta magna, reciba una denuncia por permitir el exterminio de una comunidad como la indígena o afrodescendiente, así trate de demostrar que hay 20 mil soldados, pero estos no son la totalidad del poder del Estado. La Fuerza Pública es para prevenir y luego para usarla como fuerza letal, pero el estado es un asunto Integral. La pasividad es censurable y esta no se subsana con unos consejos de seguridad si no hay una férrea voluntad política.

El dolor es constante y profundo

Recuerden señores del alto Gobierno, que los servidores públicos son también responsables por OMISIÓN y hasta ahora solo han sido responsables por extralimitación, los defensores de la Constitución representados especialmente en el Ejército, quien ha actuado a nombre del estado, pero este lo ha abandonado a su suerte, hasta el punto, que el mismo Gobierno ha preferido entregar las cabezas de sus soldados en lugar de defenderlos, apoyarlos y protegerlos con las medidas que ordena la Constitución.

Les recomiendo que sean audaces y que de una vez por todas, le hagan entender al mundo que, afrontaremos un problema Interno con medidas igualmente audaces que alivien y mejoren el Bienestar de la Población que por mandato están obligados.

Hoy no es necesario pertenecer a colectivos de abogados, tener inmensas sumas de dinero, tener un reconocimiento nacional o internacional, o ser un avezado jurista para lograr con una demanda, lo que por falta de compromiso no lograron los funcionarios, so pena eso sí, de ganarse una condena ejemplar.

Señores del actual Gobierno, están preavisados y les ruego que sean audaces y empiecen a tomar la delantera, porque de lo contrario un Colombiano del común, les demandará ante las autoridades Judiciales Nacionales y las Internacionales.

Me duele Colombia y mis Compatriotas, pero me duele más que los Terroristas y los malos ciudadanos, tengan más derechos y respeto a sus atrocidades. No es posible que deba vivir en un infierno, sometido por unos vándalos, acorralado por unos nefastos colectivos de abogados amigos del dinero y que se ríen viéndome como pago los impuestos para alimentarlos y a sus defendidos terroristas.

Pasemos esa página de la verdad colombiana donde: “el terrorismo se combate con terrorismo” y permítanos vivir en el paraíso que es Colombia, por eso el pueblo le dio los suficientes instrumentos para que actúe.