El Estado colombiano enfrenta más de 260 mil procesos judiciales con pretensiones económicas por 1.028 billones de pesos, reveló este martes el Presidente Juan Manuel Santos.

Durante la presentación de la Agencia de la Defensa Jurídica de la Nación, el Mandatario explicó que la cifra -que corresponde a un estudio elaborado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo- representa casi dos veces el PIB de Colombia.

Además, dijo que si los mil billones se dividieran entre los 46 millones de habitantes del país, a cada uno le correspondería "22 millones de pesos de riesgo por las demandas contra el Estado".

Sin embargo, el Presidente Santos aclaró que este cálculo incluye un antiguo proceso contra el Ministerio de Agricultura, cuya reclamación individual supera los 594 billones de pesos.

"Este proceso se encuentra actualmente en segunda instancia ante el Consejo de Estado, luego de que la Nación saliera victoriosa en la primera instancia", resaltó el Mandatario.

Reveló que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, desde el año 2000 hasta la fecha la Nación ha pagado 3.6 billones de pesos como indemnización a particulares.

Al respecto manifestó que el Estado no ha tenido buenas políticas de defensa. "Según una encuesta reciente en las oficinas de asesoría jurídica, sólo la tercera parte de las entidades nacionales tienen políticas integrales de defensa documentadas, lo que hace patente la necesidad de un ente rector de la gestión jurídica del Estado", dijo.

A esto se suma –de acuerdo con el Mandatario- la falta de información para realizar una adecuada planeación presupuestal basada en una valoración de la contingencia, por lo que más de una vez el Gobierno Nacional se ha visto obligado a endeudarse para cumplir con fallos judiciales que se encontraban por fuera del presupuesto.

"Por ejemplo, en 2006 el Estado tuvo que emitir títulos de deuda por 200 mil millones de pesos para cancelar una obligación judicial proveniente de un par de procesos que se perdieron en el sector transporte. Y en el 2008 fue necesario emitir bonos por otros 90 mil millones de pesos para los mismos fines", afirmó el Presidente.

Agregó que lo evidente es que hay una sobrecarga de trabajo en los servicios jurídicos del Estado, que cuentan con capacidades técnicas limitadas y con pobres sistemas de apoyo a la gestión de los casos.

Citó, entre varios casos, el de una abogada en Medellín que lleva, ella sola, la representación de 3.400 procesos del Seguro Social.

Puntualizó que la creación de la agencia significa menos riesgos y menos egresos para las finanzas públicas, "que no son las finanzas del Estado, sino las finanzas de todos los ciudadanos que se alimentan con los impuestos de todos".

Nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica

El Presidente Juan Manuel Santos presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que estará adscrita al Ministerio de Justicia.

De acuerdo al Mandatario, el objetivo de la agencia es lograr un orden cohesionado y racionalizado en la representación jurídica del Estado en las instancias nacionales e internacionales.

"Con la Agencia buscamos unificar las políticas de defensa e información y, además, coordinar –y en determinadas ocasiones ejecutar- la defensa del Estado en casos de interés estratégico, mejorando nuestro desempeño en los estrados judiciales", dijo el Presidente Santos.

Explicó que esta agencia se creó haciendo uso de las facultades extraordinarias que el Congreso confirió al Gobierno para modificar la estructura de la Administración Pública en el sector justicia.

"Hemos trabajado por más de un año, con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo –que nos dio un crédito de 10 millones de dólares para la puesta en marcha de la agencia- y con un equipo multidisciplinario del Gobierno liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para diseñar no sólo la entidad sino el sistema de defensa judicial de la Nación", indicó el Jefe de Estado.

A la cabeza de la entidad estará un Consejo Directivo, conformado por el Ministro de Justicia, quien la presidirá; y los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Comercio, así como el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y dos asesores externos.

"El Consejo Directivo será el encargado de formular los lineamientos generales en materia de defensa de la Nación, y determinará los criterios que hacen obligatoria la intervención de la Agencia Jurídica en determinados casos. Habrá un Director General, quien será un verdadero gerente de la defensa del Estado, y será el encargado de ejecutar las líneas generales dadas por el Consejo Directivo", afirmó el Presidente Santos.

El Director contará, a su vez, con un Consejo Asesor conformado por tres abogados expertos de las más altas calidades, quienes recomendarán la formulación de políticas de prevención del daño de la Nación, así como los perfiles de los abogados a contratar y las estrategias a seguir en casos específicos que sean de interés para el Estado.

Además habrá tres direcciones: de Defensa Jurídica, de Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica y de Gestión de la Información, al igual que una Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos, que será la encargada de impulsar todo el proceso de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades.

"En síntesis, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado será una agencia moderna, innovadora, con gran apoyo en las tecnologías de la información, que recoja las buenas experiencias internacionales y evite dificultades ya experimentadas tanto a nivel interno, como a nivel internacional", expresó el Mandatario.

Beneficios de la nueva agencia

Aseguró que esta nueva agencia incrementará el número de casos conciliados, ahorrando los costos y contingencias de los procesos largos. .

"Y será una agencia que nos evitará, hacia el futuro, el pago de más impuestos, y que –si es eficaz– nos puede significar más recursos, muchos más recursos, para la educación, para la vivienda, para la salud de los colombianos que más lo necesitan", dijo Santos.

Esta agencia tendrá además a su cargo el control y la coordinación de los casos adelantados ante organismos y tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre otras.

"Situaciones insólitas, como las recientes revelaciones de víctimas falsas que se enriquecieron –con sus abogados- con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre de Mapiripán, no hacen más que confirmar la importancia de este control", expresó el Mandatario.

También hará el ordenamiento y sistematización de la información disponible de todos los casos adelantados en contra de la Nación.

"Con esta información se podrá hacer un seguimiento a los procesos adelantados directamente por las entidades del sector central y plantear políticas de prevención del daño antijurídico", destacó el Presidente Santos.