El Estado de Derecho venció en franca lid, al Estado de Opinión que el presidente inventó para presionar beneficios para sus intereses personales. Pasado el momento del impacto, se está llegando al criterio de que “La Corte no está en contra de las mayorías, simplemente esté a favor de las leyes y la verticalidad de su aplicación. Lo que pasa es que, en un Estado de Derecho, las cortes, también deben someterse a la ley y si no lo hacen recibir castigo”. La polaridad sigue. Mientras para la oposición el panorama esta despejado y libre, para los uribistas siguen apareciendo impactantes nubarrones que amenazan tormenta. Uribe ni todo su gobierno podrá hacer nada diferente a cruzarse de brazos y ver como van cayendo uno a uno en un pozo de fango. Algo parecido a lo que sucede con la parapolítica. No siempre ser servil deja ganancias.

Durante la aprobación del referendo reeleccionista en el Congreso los uribistas celebraron su victoria. Por la televisión se vio como el ministro del Interior abrazaba de felicidad a los congresistas para celebrar que fuero capaces de pasar por encima de la Constitución y las leyes. Hoy lloran amarguras. Los errores se pagan, y es así que los errores con los que algunos reeleccionistas viciaron el referendo van tener consecuencias jurídicas. No se puede violar la ley gratuitamente. Quienes las desconocieron y estimularon su desconocimiento desde altos cargos públicos, podrían verse en problemas con la justicia y sus carreras políticas podrían llegar a su fin. La sentencia de la Corte Constitucional será el motor que impulsará las investigaciones judiciales y disciplinarias que iban a paso lento contra los violadores de leyes para buscar la reelección presidencial que fracasó por ese motivo.

Los primeros son los 86 congresistas que en la Cámara de Representantes votaron afirmativamente el segundo debate del proyecto de referendo. Lo hicieron en aquella madrugada del 17 de diciembre de 2008 desconociendo las advertencias que se les hacían. No sólo votaron “a espaldas del país”, como muchos puntualizaron entonces y a pesar que el proyecto no tenía el certificado del Registrador Nacional, fundamental para que la ley siguiera su camino. La Corte Constitucional dijo que “el Congreso no tenía la competencia de decidir sobre el referendo porque no cumplía con uno de sus requisitos previos”. Aquí hubo presencia de altos funcionarios del gobierno estimulando el desconocimiento de la ley. A los 86 representantes, la Corte Suprema de Justicia los investiga por su responsabilidad en el delito de prevaricato que tiene consecuencias penales y disciplinarias. La

El ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, engaño a los congresitas ingenuos y serviles de Uribe para que violaran las leyes porque no pasaría nada. No fue así

Procuraduría “se ha demorado mucho en abrir investigación” a estos 86 congresistas, es un criterio ganaralizado.

El ideólogo del referendo y sus promotores estaban contentos con el concepto de la procuraduría. Saltaban de la dicha. Ya no lo hacen, porque saben que tienen una investigación penal contra él, y siete de sus principales sirvientes en la promoción de la iniciativa. Será el coletazo directo que tendrá que asumir tras el fallo de la Corte, organismo que halló procedimientos irregulares. “La corte alertó a los investigadores sobre la triangulación que hubo entre los propios promotores del referendo para no mostrarle al registrador la violación de las normas legales sobre los topes de financiación en que incurrieron. Ven la existencia de posible responsabilidad en el delito de fraude procesal, que contempla penas entre prisión de cuatro a ocho años, y sanciones e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de cinco a ocho años”.

Los cinco voltearepas de Cambio Radical no han podido dormir muy tranquilos. Creyendo estar amparados en la reforma política, que permitía el ‘voltearepismo’. Supusieron haberse habilitado, pero, no fue así. Quienes traicionaron su causa, “nunca renunciaron a Cambio Radical” y el fallo de la Corte Constitucional puntualiza que vulneraron el régimen de bancadas y lo que es peor, que pudieron haber incurrido en doble militancia. “Un cambio de partido, en las condiciones específicas y como partes de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución”. La doble militancia es una conducta sancionable hasta con la “pérdida de investidura” o lo que es lo mismo, la muerte política. El exorbitado amor por Uribe, que no les permitió pensar, los podrá enterrar políticamente para siempre. Ahora, falta ver si el gobierno cumple con la promesa del ministro de Interior Fabio Valencia Cossio, de colaborar en los millonarios gastos que estos eventuales procesos significarían o hará lo que hicieron con Yidis. Se le van todos encima para tratar de desprestigiarla y pulverizarla. ¿Los ministro y el presidente tendrán fuero impunidad?

Nota.- “El que las hace las paga”. Todos los errores y abusos tarde o temprano se tienen que pagar. Entre más tarde lo haga, será más caro.