Contemplamos con asombro como cada vez que agrupaciones de todo tipo desean expresarse lo realizan cayendo en prácticas que atentan contra el bien común.

Sucede luego de cada elección, el día después la ciudad luce como si hubiera sido asolada por algún extraño vendaval, los que ganaron festejan, los que perdieron amargados y en medio usted, para el cual la vida continua, se levanta para ir a trabajar y se encuentra en una ciudad de ciencia ficción.

¿No cree que ha llegado el momento de preguntarnos seriamente si es legítimo el apoderamiento destructivo del espacio público, de los monumentos, las señales de tránsito, plazas, pavimentos, cordones, columnas de alumbrado, paredes e incluso propiedades de índole privada por los que precisamente aspiran a ser gobierno, quienes en su gran mayoría nos proponen una ciudad más limpia, un celoso cuidado del patrimonio común y el respeto irrestricto de las normas?

¿Cómo es posible que en cada víspera electoral tengamos que padecer todavía la contaminación de los restos de pintadas, carteles y pegatinas desperdigados por toda la ciudad de los comicios anteriores?

¿Acaso no lo invade una sensación de absurdo la idea de pedirle a los partidos políticos como órganos fundamentales del funcionamiento democrático que instruyan y creen conciencia primero en sus militantes que serán los futuros dirigentes, en el sentido de la pertenencia individual del patrimonio de todos? ¿En el aprecio del esfuerzo social que significa su conservación?

En tiempos de la explosión de los medios digitales, en el que probadamente el estrechamiento de la mano del candidato mejor posicionado ante las cámaras de televisión significa mayor caudal de votos, en algún momento impensado para seguros perdedores, momento en el que el acto eleccionario se ha convertido en una confirmación de las encuestas, ¿no son prueba acaso de que las cosas están pasando por otro lado? No obstante, algunas conductas permanecen sin modificarse.

Muchas organizaciones sociales se financian con recursos estatales, los partidos políticos reciben dinero de los contribuyentes por cada voto que cosechan, es un generoso aporte colectivo puesto al servicio del funcionamiento del sistema y que los receptores parecen no valorar en su real dimensión, prometiendo ciudades más limpias comienzan ensuciándolas. Preste atención la plaza y el centro de nuestra querida ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿quién se hace cargo de su limpieza y pintura? ¿Los bolsillos personales de los que todavía incluso figuran sus nombres allí impresos? Seguramente que no y más allá de ello, ¿qué derecho los asiste?

Preguntamos al gobierno municipal, ¿hay alguna ordenanza que prohíba de manera terminante el uso de todo espacio público no reglamentado, para fijar propaganda política, delimitando responsabilidades y estableciendo penalidades? Si existe, ¿por qué no la hace cumplir? Si no existe, ¿por qué el Concejo no la crea?

Debemos practicar con el ejemplo. El uso de la libertad también involucra responsabilidades y obligaciones, donde finalmente, si alguien se olvida o se hace el distraído está el Estado para recordárselo con severidad creciente.

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