El tribunal Supremo ha dictaminado que el estado español tiene que aplicar las recomendaciones de las Naciones Unidas y lo ha condenado a indemnizar con seiscientos mil euros a la madre de una niña de siete años asesinada por el padre, condenado por maltratos, durante una visita no vigilada. La mujer había presentado una cincuentena de denuncias para impedir estos encuentros, pero no lo consiguió. Ahora el Supremo ha condenado el estado español porque no hizo caso de una resolución del Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que dictaminó que España había violado derechos fundamentales de esta madre y de su hija y pedía que lo indemnizara.

También exigía que se hiciera una investigación exhaustiva e imparcial para encontrar los errores administrativos que las habían desprotegidas, pero el gobierno español respondió que los dictámenes de la ONU no eran vinculantes, de forma que no estaban obligados a acatarlos.