El Gobierno español anunció el miércoles una batería de medidas para realizar un ajuste presupuestario en los dos próximos años y medio de 65.000 millones de euros, el mayor en la historia de la democracia española, con el fin de alcanzar las ambiciosas metas de reducción del déficit público.

En una intervención con tintes dramáticos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desglosó una serie de medidas que siguen el dictado de Bruselas y que, según reconoció, le resultaban incómodas.

‘Tenemos que salir de este atolladero y necesitamos hacerlo cuanto antes (…). Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas’, dijo Rajoy en una intervención en el Congreso de los Diputados para presentar los pactos de las recientes cumbres europeas.

Analistas consultados señalaron que la nueva dieta a la que someterá la economía española responde a las exigencias de la Comisión Europea tras las concesiones en materia de consolidación fiscal y ayuda al sistema financiero.

‘Es una demostración clara de la condicionalidad macroeconómica que hemos tenido que aceptar’, dijo Santiago Sánchez Guíu, coordinador de Economía del Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III, quien dijo que las nuevas medidas tienen un componente más coyuntural que estructural.

Entre los ajustes anunciados por Rajoy se encuentran gran parte de las medidas que pide Bruselas – que acaba de relajar los objetivos de déficit público y ha realizado concesiones a España con relación al rescate bancario.

Algunas de las medidas incluyen un alza del IVA, la eliminación de la desgravación de vivienda, el recorte de las condiciones laborales de los empleados públicos, la liberalización y privatización de servicios públicos y la rebaja en las cotizaciones sociales.

Además, la presentación de un plan a tres años responde a la insistencia de Bruselas de que España necesita un plan de ajustes y reformas creíble a medio plazo.

La Comisión Europea respondió al nuevo paquete con satisfacción, mientras el principal sindicato de empleados públicos llamó a paros en julio y agosto y dijo que no descarta convocar una huelga en septiembre.

Al mismo tiempo, los dos mayores sindicatos españoles anunciarían movilizaciones contra los recortes anunciados por el Gobierno.

‘UGT y CCOO anuncian que sus direcciones ejecutivas mantendrán hoy mismo una reunión urgente para analizar la situación y estudiar la convocatoria de movilizaciones’, dijeron ambos sindicatos en un comunicado conjunto.

Una fuente sindical descartó la convocatoria urgente de una huelga general debido a factores estacionales.

Rajoy culpó de los ‘sacrificios’ que tendrán que realizar los españoles a la gravedad de la situación de España, sumida en una dura recesión tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la herencia recibida del anterior Gobierno socialista y a las exigencias de los socios europeos.

‘Los excesos del pasado se pagan en el momento presente’, dijo en su discurso, que se vio interrumpido en numerosas ocasiones por los abucheos de partidos de la oposición y aplausos de sus correligionarios.

‘Duele que los ingresos se reduzcan y que los impuestos suban, pero hemos de hacerlo porque gracias a estos sacrificios individuales podremos salvar lo que compartimos’, dijo.

Esta semana, Bruselas amplió en un año, hasta 2014, el plazo para que España reduzca a menos del límite del 3 por ciento su déficit público, con unos objetivos que se sitúan ahora en el 6, 3 por ciento para 2012 (desde el 5, 3 por ciento previsto anteriormente), del 4, 5 por ciento en 2013 (3 por ciento) y el 2, 8 por ciento en 2014. En 2011, el déficit público fue del 8, 9 por ciento.

España ya había dado a conocer hasta el momento recortes de gastos y alzas de ingresos con los que pretendía reducir el desequilibrio fiscal en 48.500 millones de euros, divididos entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

Además de complacer a los socios de la eurozona, el Ejecutivo de Rajoy trata de recuperar la credibilidad y facilitar el acceso a los mercados, en un momento en el que la prima de riesgo se mantiene cerca de los máximos históricos desde la introducción del euro.

En este sentido, el mandatario español lanzó un nuevo mensaje a sus colegas europeos pidiendo que se materialicen rápidamente los acuerdos del último Consejo Europeo para contener el ataque a España en los mercados de deuda.

‘Los acuerdos políticos exigen un cumplimiento rápido y completo para que los mercados reaccionen favorablemente’, pidió Rajoy.

El diferencial de la deuda española a 10 años frente a su equivalente alemán se situaba en los 540 puntos, varios puntos por debajo de la sesión previa.

Mientras, el bono español de referencia a 10 años se situaba en el 6, 7 por ciento, aún cerca del nivel crítico del 7 por ciento, por encima del cual se considera que un país está en posición de necesitar un rescate.

MAYOR IVA, MENORES PRESTACIONES

Entre las medidas destinadas a aumentar los menguantes ingresos fiscales, destaca la subida del IVA reducido del 8 al 10 por ciento y del IVA general del 18 al 21 por ciento, el aumento de la fiscalidad sobre el tabaco y de impuestos relacionados con el medio ambiente.

Numerosos analistas han advertido en los últimos días sobre los peligros que conlleva la mayor imposición al consumo y otras medidas que se van a adoptar en un clima fuerte recesión económica, con una tasa de desempleo que se acerca al 25 por ciento.

‘La subida del IVA se va a traducir en una reducción del consumo, pero no está claro que vaya a incrementar los ingresos. Hay una proporción lineal entre el tipo del IVA y el fraude’, dijo Sánchez Guíu.

El presidente del Ejecutivo español también anunció que se eliminaría la desgravación por compra de vivienda a partir de 2013 y que las cotizaciones sociales se reducirán en un punto porcentual en 2013 y un punto adicional en 2014.

Por el lado del gasto, Rajoy dijo que se recortarían las condiciones laborales de los empleados públicos, eliminando la segunda paga extraordinaria de este año, reduciendo el número de días de libre disponibilidad, los llamados ‘moscosos’ y el número de liberados sindicales.

Según indicaron fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3, 5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.

También se tocarán dos temas sensibles socialmente como la prestación por desempleo, que se reducirá para los nuevos receptores a partir del sexto mes del 60 al 50 por ciento respecto al salario que cobraba el trabajador, y el sistema público de pensiones, aunque Rajoy no aportó detalles limitándose a señalar que se seguirán las directrices europeas.

‘No creo que suponga un ahorro (la menor prestación) ya que el ahorro en esta materia está más ligado a un recorte del periodo del cobro de la prestación que a la reducción del mismo’, dijo Sánchez Guíu, que también dijo que la reducción de moscosos puede acarrear más gastos.

Asimismo, Rajoy indicó que la reforma prevista de la administración local tendría un impacto de 3.500 millones de euros en ahorros, anunció una liberalización y ‘en su caso’ privatización de los sectores ferroviario, aeroportuario y portuario e hizo un nuevo llamamiento a las regiones para que aumenten sus esfuerzos de recortes presupuestarios.

‘Es imprescindible el compromiso de todos, particularmente el de las Comunidades Autónomas (CCAA), que gestionan gran parte de los recursos públicos del país’, señaló.

Este jueves tendrá lugar una reunión el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que según Rajoy se pondrá en marcha el mecanismo para facilitar el acceso de las CCAA a la financiación con ayuda del Estado y se revisará el cumplimiento regional de las metas de déficit.

En la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno se reservó el derecho de intervenir las finanzas de aquellas regiones que no cumplan con los objetivos de déficit marcados y que no presenten planes de reequilibrio para cuadrar sus cuentas.

El presidente del Gobierno también aludió a la inminente reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros, mediante una solución que conllevará un nuevo sistema de fiscalidad en el sector e involucrará a todas las partes implicadas.