La ley que permite a las autoridades de Estados Unidos interceptar secretamente mensajes electrónicos y llamadas telefónicas de sus ciudadanos puede ser prorrogada por otros cinco años.

En el Congreso ya comenzaron las discusiones sobre la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (conocida como FISA, por sus siglas en inglés). Lo que más preocupa a sus opositores es que se sabe muy poco sobre la ley, incluso entre los propios legisladores porque la Agencia de Seguridad Nacional no revela casi ninguna información sobre los datos que recolectaron desde 2008 cuando se hicieron las últimas enmiendas.

"¿Por qué ni siquiera podemos saber cuántas personas están vigiladas así en EE. UU? Esta falta de precisión provoca desconfianza", dijo el republicano John Conyers durante las discusiones en el Congreso, citado en el Twitter de la Fundación Fronteras Electrónicas.

Algunos activistas de derechos civiles estiman que cada día los servicios de seguridad interceptan y guardan cerca de 1.700 millones de mensajes electrónicos y llamadas de todo tipo, lo que "equivaldría a un centenar de millones de libros", según un informe de la Unión Americana por las Libertades Civiles.

Los mensajes y llamadas que están en el punto de mira de la Agencia de Seguridad Nacional bajo el pretexto de la FISA son los que están dirigidos al extranjero. Esta práctica puede afectar a cualquier ciudadano o residente de EE. UU., que presuntamente esté relacionado con grupos terroristas extranjeros. Sin embargo, los opositores de la ley consideran que es algo que da demasiada libertad a los servicios de seguridad.

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