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Tras constatar que el tema de las "Islas Malvinas" no había sido abordado en la agenda de la Cumbre de las Américas en Cartagena, a finales de abril del 2012, la Presidenta argentina "Evita-Cristina" Fernández optó por expropiar a la petrolera YPF, filial de la firma española Repsol. Para ello adujo dos argumentos: i) que Argentina era una excepción mundial al no tener la mayoría accionaria de la firma petrolera-gasífera más importante de su país; y ii) que dicha firma se había dedicado era a extraer los yacimientos existentes, sin realizar las inversiones requeridas para asegurar la sostenibilidad energética de la Nación.

Frente al primer argumento, se le olvidó a la Sra. Fernández aclarar que había sido su fallecido marido (Néstor Kirchner) quien había promovido la privatización de dicha firma en 1998, precisamente con la idea de atraer capital extranjero y local (Grupo Petersen) para salir del estancamiento que mostraba entonces YPF. Muerto Kirchner, se esfumó el blindaje que proporcionaba su amigo Ricardo Echegaray frente al nacionalismo bolivariano de "Evita-Cristina". Frente al segundo argumento, olvida la mandataria que "el control de precios", especialmente del gas, se había convertido en el principal enemigo de la Inversión Extranjera Directa (IED) en ese sector y de allí la postración de la firma.

A pesar de que España habló inicialmente de retaliar con "sanciones comerciales", el hecho de que Argentina todavía sea miembro del G-20 lo mantiene protegido de acciones directas unilaterales. Pero sería inaudito que el G-20, la Unión Europea o los organismos multilaterales (FMI-Banco Mundial) no encontraran mecanismos de sanción para evitar que se repitan hacia el futuro estos procedimientos expropiatorios de corte "Chavista".

En juego está un capital de €8.000 millones, incluyendo allí la obligación del gobierno argentino de realizar oferta pública y quedarse con la mayoría accionaria. El Gobierno austral buscará sustituir al Grupo Petersen (accionista local de la compañía) con la participación directa de la China (CNOOC) y/o Brasil (Petrobras), buscando "protección" diplomática y conocimiento tecnológico, pero dichos gobiernos deben, a su vez, enfrentarse a España y, eventualmente, al bloque de la Unión Europea.

Estas prácticas expropiatorias a nivel de Estado ahora las ha copiado Bolivia con la Empresa Transportadora de Electricidad, filial de la Red Eléctrica Española (REE). Todo lo cual manda una pésima señal de inseguridad jurídica en América Latina, en momentos en que su relativa tranquilidad macroeconómica debería estar profundizando la IED, ojalá en sectores diferentes a los de commodities.

Esta pugnacidad toma mal parados tanto a Argentina como a España. Después de haber crecido a tasas vigorosas del 9% en 2010 y 2011, Argentina se perfila hacia un 4% en los años 2012-2013, por efecto de merma en sus cosechas (sequía) y términos de intercambio menos favorables. España atraviesa por uno de sus peores momentos económicos (contracción del PIB-real a tasas cercanas al 2% y desempleo bordeando el 25%), luego este freno de repatriación de utilidades de Argentina y Bolivia agravará las cosas.

La crisis no es sólo de confianza inversionista, sino de ánimo y psiquis en un punto muy bajo. Se dice que "Evita-Cristina" anda algo desquiciada en la viudez, que poco habla con su gabinete, y que el futuro de su país lo está decidiendo ella con un par de Consejeros, bastante desorientados. En la madre patria España, al Sr. Rajoy le ha tocado estrenarse vendiendo ajuste fiscal local y promocionando en el exterior sus servicios directamente (en Colombia, las firmas de ingeniería que se han quedado allá sin actividad)...

Y, para colmo de males, su Rey se va de cacería de elefantes (haciendo honor a su cargo vitalicio de guardián de la naturaleza en varias ONG´s), con tan mala pata que se rompe su cadera y encuentra unos "cachos-frescos" que ahora examina con detenimiento la Reina Sofía.