La Corte Penal Internacional (CPI) destacó la existencia de bases que apuntan a que los llamados "falsos positivos", asesinatos de inocentes civiles cometidos en Colombia para aumentar los índices de éxito militar, han sido una política de Estado.

"Hay bases razonables para creer que los falsos positivos han sido una política de Estado, estos asesinatos podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra", precisó el tribunal de justicia en su más reciente informe.

En el texto, titulado "Situación en Colombia", la Corte subraya que la nación suramericana seguirá siendo objeto de evaluaciones preliminares como paso previo para que la instancia decida si abre o no una investigación.

De acuerdo con el informe, a partir de la fecha el examen preliminar del organismo internacional se centrará en el Marco Legal para la Paz (o cualquier otro aspecto relacionado con el surgimiento de nuevos grupos armados), la promoción y expansión de grupos paramilitares, el desplazamiento forzado, los crímenes sexuales y los casos de falsos positivos.

En referencia a los asesinatos de civiles inocentes para hacerlos pasar como bajas, dentro del marco del conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 50 años, la CIP indica que se puede hablar de una política de Estado ejecutada por ciertas brigadas de las Fuerzas Militares.

"Una política de Estado no necesariamente tiene que concebirse en el más alto nivel de la maquinaria estatal, sino que puede ser adoptada por órganos estatales locales o regionales. Incluso una política adoptada local o regionalmente puede ser catalogada como política de Estado", señala el informe.

La CPI añade que las ejecuciones extrajudiciales han ocurrido en el territorio colombiano de manera permanente durante los últimos 25 años, con su pico más alto en cuanto al número de víctimas reportadas entre 2002 y 2008, durante la administración del presidente Álvaro Uribe; y su ministro de defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia.

Por otra parte, la Oficina de la Fiscalía del organismo afirma que existe fundamento para creer que desde noviembre de 2002 órganos del Estado han incurrido en delitos como asesinato y desapariciones forzadas. Asimismo, añade que grupos armados son responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, como ataques contra la población civil, asesinatos, desplazamiento forzado, secuestros, torturas y delitos sexuales. Desde 2003 la Procuraduría de Colombia investiga muertes de personas en aparentes casos de desapariciones forzadas o falsos positivos. Sin embargo, fue en el año 2008 que se desató el escándalo tras la desaparición de 11 jóvenes colombianos en Soacha, que fueron reportados por el Ejército como "insurgentes" muertos, en supuestos combates en el noreste de Colombia y sepultados en fosas comunes. Hasta 2009 mil 603 militares habían sido investigados por posibles falsos positivos. Por el caso de Soacha, un total de 48 militares que fueron procesados gozan del beneficio de libertad por "vencimiento de términos". En 2011, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep (Programa por la paz) señaló en un informe que entre 2001 y 2010 se registraron 562 casos de f alsos positivos y mil 119 víctimas.

VER AQUÍ VIDEO -Este es un espacio de opinión destinado a visitantes, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas, pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan este espacio destinado para este fin por Patiobonitoaldia.org - Tú opinión es importante para nuestro análisis. Déjala sin ofensas.