Ante algunas peticiones de los copropietarios del edificio Bernavento, en el sector Loma de los Bernal, para que los bancos congelen los pagos de sus créditos hipotecarios o el pago de arriendos temporales, la, anunció que solo 2 de las 48 familias podrían acceder a subsidios.

Según algunas familias afectadas por el derribamiento de Bernavento, al limbo económico en el que está su patrimonio en la actualidad en ese edificio, hay que sumarle las deudas hipotecarias que mantienen con los bancos y que muchas ajustan, casi 2 años pagando arriendos y otras obligaciones. Por eso, la Alcaldía de Medellín trabaja en interceder ante la banca privada para intentar frenar el pago de esas cuotas.

Solo 2 de las 48 familias afectadas podrían acceder a los subsidios de arriendo temporal, porque por ley estas ayudas humanitarias son destinadas a poblaciones vulnerables o de escasos recursos de la ciudad.

La Administración Municipal insiste que continuará acompañando a los afectados y desde las competencias legales, definir qué tipo de ayudas económicas o jurídicas podría entregar a estas familias que hoy en día tienen su patrimonio perdido.

La Alcaldía anunció que ya compulsó copias a todas las entidades que pueden tener competencias en el caso para que investiguen a las tres personas jurídicas que están implicadas en el proceso de construcción del edificio, así como a sus interventores y a los diseñadores. Además se vinculará al proceso a la empresa encargada de la repotenciación, así como a su respectiva interventoría.

Hasta el 20 de junio se hará la preparación del edificio y el 21 se cargarán los materiales explosivos. El 23 se hará el derribamiento y al día siguiente se autorizaría el regreso de los residentes de las Bernalejas y Hábitat que hoy tienen recomendación de evacuación.

Entre los demandados por los copropietarios del edificio está el municipio de Medellín. Verónica de Vivero, secretaria General, dijo que esa acción no afectará la atención que están recibiendo las familias. "Nosotros tendremos que defender que hicimos las actuaciones de vigilancia y control, y que no se generó ninguna omisión que causara afectación para ellos", dijo la funcionaria.

La demanda, como anticipó ayer este diario, se interpuso en 2015 pero sigue sin avance en la oficina de un juez que reconoció ser amigo de los constructores.

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