La administración ha acertado al adoptar un modelo de manejo de los residuos sólidos que no es ni la libre competencia, ni la licitación de áreas de servicio exclusivo para los operadores privados. Pero por no haber previsto todos los aspectos relevantes del esquema, puede terminar de rehén de los operadores.

Los bogotanos hemos convivido por años con tres absurdos enormes:

El relleno se ahoga con 6.300 toneladas diarias de basura, porque no cumplimos con la pauta de las tres erres, reducir, reutilizar y reciclar los residuos.

El único sector que hace algo al respecto, los recicladores que procesan 1.200 toneladas diarias, trabaja en condiciones indignas por unos ingresos miserables.

Las utilidades de los operadores privados, costeadas por la tarifa, se desbordaron, principalmente por el alargamiento de sus contratos. Su margen operacional, utilidades sobre ingresos, se acerca al 50%, con muy baja inversión de capital.

Contra ese telón de fondo surge lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo manejo de la basura. Lo bueno ha sido, en primer lugar, el auto de la Corte Constitucional que ordena ser incluyentes con los recicladores de oficio, "garantizando alternativas a través de las cuales sectores de la población tradicionalmente marginados, participen de manera real y material en la prestación del servicio [...] en sus componentes complementarios de reciclaje, transformación y aprovechamiento". Para la Corte, como se ve, los recicladores no deben ser meros beneficiarios del asistencialismo.

A eso se agrega la plena disposición de Petro a cumplir las órdenes del alto tribunal, por vías como promover la separación en la fuente por los hogares, entregarle a la población recicladora la recolección de lo aprovechable, y remunerarla con cargo a la tarifa.

La administración distrital se ajustó a los itinerarios que se desprendían del auto de la Corte. Presentó a tiempo el plan de inclusión de la población que ella le ordenó elaborar. Aprobado éste, inició el trámite de la licitación de las áreas de servicio exclusivo. Cuando se enredó la aprobación, por la CRA, de su propuesta de distribución de esas áreas, la administración definió un plan B, de cara al vencimiento de los contratos con los operadores privados el 18 de diciembre.

El plan parte de que ninguno de los dos regímenes de prestación del servicio de aseo previsto en la ley de servicios públicos, permite darle cumplimiento a las órdenes de la Corte. El de entregar en concesión unas áreas de servicio exclusivo con inclusión de los recicladores no es viable a corto plazo, porque el proceso licitatorio podría tardarse un año o más. Y bajo el de libre competencia sería imposible incorporar a esa población en la cadena de generación de valor y remunerarla dignamente, porque las autoridades no tendrían el control del conjunto de la operación y de la tarifa.

La decisión de la Corte creó una situación jurídica excepcional, como siempre que hace prevalecer la carta de derechos de la Constitución sobre la ley. El plan B se basa en esa excepcionalidad y consiste en que el Distrito asume la prestación del servicio, mientras se licitan las áreas exclusivas, ya para realizarla directamente, ya para contratarla con operadores privados. Lo característico de ese esquema es que las autoridades distritales pueden coger la sartén por el mango y regular, a través de contratos transitorios, las obligaciones de los operadores (no solo la recolección sino también el barrido y la poda), ajustar su remuneración y asegurar la cobertura de las áreas rentables y las no rentables. También pueden articular las actividades de esos empresarios con las de los recicladores y garantizar condiciones dignas de trabajo a sus operarios.

El margen de maniobra que la Corte le dio al Distrito para apartarse de la ley de servicios públicos, surge de expresiones de su auto como éstas: la Administración Distrital "deberá normalizar en el menor tiempo posible" la recolección de los residuos, "a través del esquema que estime pertinente ". Y en caso de que saque a licitación la prestación del servicio "o establezca la operación bajo cualquier otro esquema , se deberán incluir acciones afirmativas en favor de la población de recicladores" (subrayas fuera del texto).

Lo malo tiene que ver con la falta de claridad del gobierno capitalino sobre dos aspectos de su plan B: la distribución de la recolección de los residuos entre el sector público y el privado, y la planeación de la ejecución, en terreno, de la parte que asumiría el primero de dichos sectores.

En la cúpula del gobierno predominaba la idea de que la totalidad del servicio debía ser prestado por una empresa pública. Se rechazaba la posibilidad de que los privados se encargaran por completo de él. No suscitaban interés otras opciones, como la coexistencia de empresas públicas y particulares en el negocio.

Pero quizá nunca se desechó del todo la consideración de que, si bien los empresarios particulares intentan maximizar su rentabilidad, son adaptativos, y si las autoridades imponen condiciones que lleven sus utilidades a niveles razonables, lo más probable es que acepten las nuevas reglas del juego. Comoquiera que sea, la administración distrital no escogió claramente el camino de negociar con los privados, y vaciló entre prestar directamente la totalidad del servicio y darles participación en diferentes proporciones.

El resultado fue que ni buscó oportuna y consistentemente un acuerdo con los empresarios particulares (con ajuste de su remuneración e inclusión de los recicladores), ni se preparó con tiempo para responder por la recolección de los residuos en toda o gran parte de la ciudad. Su incapacidad para asumir con eficiencia esta responsabilidad, puede poner en riesgo por un tiempo los derechos de la gente al ambiente sano, la salud pública y el espacio público. Y no es descartable que un giro tardío hacia un acuerdo con los operadores convierta a la administración en rehén de los mismos, sobre todo en lo que atañe a la remuneración (aunque no necesariamente en cuanto a la inclusión de la población recicladora).

Al cierre de este escrito, se anunció que tres de los anteriores operadores continuarán prestando el servicio en el 48% de la ciudad, mientras una filial de la Empresa de Acueducto se encargará del resto. Se avanzará, así, hacia la normalización de la recolección y se evitará el descontrol de la libre competencia, pero todavía no se sabe qué exigieron los privados en contrapartida. [Ver " A buen seguro el Acueducto subcontratará el aseo ", del 26 de noviembre de 2012].

Lo feo en todo esto ha sido la actitud de las autoridades nacionales, la CRA y las Superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos. Estas entidades se han negado a reconocer el poder de la Corte para hacer prevalecer la Constitución sobre la ley, cuando interviene en protección de los derechos fundamentales, en este caso los de los recicladores.

También se han resistido a calibrar las consecuencias de que el aseo caiga en la libre competencia. Si esto ocurriera, los operadores de los últimos 9 años podrían aprovechar su arraigo en el negocio para consolidar un oligopolio, no regulado ya por una licitación o por unos contratos transitorios. Además, descremarían el mercado, cubriendo solo las zonas rentables (las demás quedarían a cargo del Distrito, sin que pudiera recuperar costos vía tarifas). Y lo más grave: realizarían inversiones (en equipos, etc.), que darían lugar a grandes indemnizaciones a su favor cuando el ente territorial reasumiera el control y sacara a licitación las áreas de servicio exclusivo.

Sin perjuicio de reclamar por sus derechos, la ciudadanía debería estar atenta a las intervenciones de las autoridades nacionales y al equilibrio de los contratos del Distrito con los operadores. Y, sobre todo, comprometerse a fondo con la separación en la fuente y con el apoyo a la recolección de los residuos aprovechables por la población recicladora

VER AQUÍ VIDEO Por: Carlos Vicente De Roux

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