El otro día escuché en la radio la intervención de una joven colombiana que, sin muchos argumentos, invitaba a participar de una marcha en defensa de un grupo de militares acusados y condenados por la masacre de Santo Domingo en el departamento de Arauca. No voy a defender o atacar a los militares, por cuanto no conozco los detalles de las investigación, pero quiero referirme al argumento con el cual quiere la chica exonerarlos. La tesis defendida es que dicha condena sólo beneficia a las FARC, y que aquellos que condenan los crímenes cometidos por los militares apoyan de esa manera a las guerrillas. De paso, uno ni siquiera le prestaría atención a dicho argumento, ya que no resiste el mínimo análisis lógico. No obstante cobra relevancia en la medida que no es ella la única persona que cree y defiende la tesis mentada.

Asusta pensar en las consecuencias de aceptar el argumento en cuestión, pues quiere decir que, con tal de acabar a las guerrillas, se debe permitir cualquier cosa, inclusive pasar por encima de la constitución y las leyes de la República. Cosa con la que estoy en total desacuerdo, pues son precisamente estas las que permiten declarar que las FARC son un grupo ilegal y la policía y el ejército son instituciones públicas legítimas del Estado, constituido este por todos los ciudadanos representados en las tres ramas del poder público. Para tratar de ponerlo claro: Son la constitución y las leyes las que permiten que los militares y policías utilicen legítimamente la fuerza y las armas y se diferencien de los demás grupos armados, por lo tanto, si no reconocemos las primeras ¿quién le da legitimidad a los segundos? Si no reconocemos las primeras ¿qué diferencia a los segundos de las organizaciones delincuenciales? Y la respuesta es: nada.

No obstante cobra relevancia en la medida que no es ella la única persona que cree y defiende la tesis mentada

El mismo argumento es esgrimido en multitud de oportunidades, no sólo para defender los excesos de la fuerza pública; como es el caso de la retoma del Palacio de Justicia hace ya 24 años, si no también los excesos de miembros de otras instituciones como el congreso, las gobernaciones y hasta la mismísima presidencia de la República. Pero, como le dijo el tío Ben a Peter Parker: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” y es precisamente ese el argumento que nos impide ser permisivos con los servidores públicos; teniendo ellos el poder que el pueblo les otorga, tienen que tener una mayor responsabilidad por la manera en que ejercen ese poder

Seguramente una persona que piense como la jovencita de la que hablamos al principio de este escrito me dirá (sin ningún fundamento claro está): “¿Entonces hay que dejar que las guerrillas hagan lo que quieran?” Y la respuesta contundente es NO. Las guerrillas, al igual que los grupos paramilitares, las bandas del narcotráfico y cualquier actividad criminal organizada o no, debe ser destruida y para ello el Estado puede y debe utilizar legítimamente la fuerza y las armas. Pero tiene un límite, aquel que la constitución y las leyes le imponen. Y en caso de que los servidores públicos no respeten ese límite, con mayor rudeza habremos de juzgarlos.

“¿Entonces hay que dejar que las guerrillas hagan lo que quieran?” Y la respuesta contundente es NO