La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que Josep Lluis Trapero, exmajor de los Mossos, 11 años de prisión por un delito de rebelión. Solicita la misma pena exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. Para la intendente Teresa Laplana pide cuatro años de prisión por un delito de sedición. El escrito señala que la cúpula de los Mossos se sumó al plan secesionista " poniendo a disposición de este la actuación del cuerpo policial de Mossos d'Esquadra".

El ministerio público considera que Trapero y sus superiores cometieron un delito de rebelión al tratar de declarar la independencia de una parte del territorio y al "s ustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno". En su escrito, la Fiscalía recuerda que el Código Penal castiga a "l os que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años" de prisión.

En su escrito, la Fiscalía repasa los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil desplegó en Catalunya una operación contra los preparativos del referéndum y se encontraron con una manifestación en la calle: "La muchedumbre, ya desde por la mañana, rodeó los vehículos de la Guardia Civil que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente, incluidas las armas que se encontraban en su interior".

La Fiscalía recuerda que la letrada de la Administración de Justicia tuvo que abandonar la Consellería de Economía, donde se realizaban registros, por un edificio anexo debido a la concentración de manifestantes que había a las puertas. A pesar de que se informó a los superiores de los Mossos de esos incidentes, añade el escrito, no se adoptaron medidas para "proteger a quienes estaban cumpliendo el mandato judicial".

Asi, acusan a Trapero y Laplana de "cooperar de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas", para lo que impidieron las diligencias judiciales y "propiciando con su deliberada pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil".

Según la Fiscalía, tanto Trapero como Puig y Soler "se sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de este la actuación del cuerpo policial de Mossos d'Esquadra". Según el escrito entregado ya en la Audiencia Nacional, los acusados "alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección".

En concreto, sobre Trapero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional señala que diseñó "de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal y con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", que ordenó cerrar los colegios electorales e impedir que se utilizasen como centros de votación para el 1-O.

Además, añaden que por su relación con los políticos independentistas "el responsable de los Mossos empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones judiciales y policiales que estaban realizando".

Hasta ahora, la Fiscalía de la Audiencia no había acusado de rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, a los acusados en este proceso. La primera querella se presentó por un delito de sedición, y así se ha mantenido durante toda la instrucción.

De hecho, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó auto de procesamiento el pasado 5 de abril por los delitos de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía -cuando una concentración dificultó una operación policial contra los preparativos de referéndum- en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.

Además, la magistrada procesó por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La intendente Teresa Laplana fue también procesada por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En su auto, Lamela recopiló los indicios obtenidos durante la instrucción y concluyó que los procesados conformaron una organización destinada a conseguir la independencia de Catalunya y la proclamación de una república, al margen de las vías legales "alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario".

Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida "a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia", siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente, dice la jueza, por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.