LAS FOTOMULTAS Y LOS CEPOS

Por: ANGEL ALIRIO MORENO MATEUS

Llegó a mi casa –a mitad de semana- el periodista y ex representante a la Cámara Álvaro Alférez, cargado de documentos que contenían los trámites de la Licitación Publica No. 001 de 2011 de la Dirección de Transito de Floridablanca, a través de la cual el Municipio concesionó a 15 años la “organización y gestión (…) operación, administración (…) del servicio de detección electrónica de infracciones de tránsito para la ciudad de Floridablanca”. Una vez los analicé, encontré tan sutiles y frágiles, como groseras coincidencias con el negocio de los “cepos”, que en Bucaramanga a través del contrato No 001 del 2003, el Municipio concesionó por 15 años a la unión temporal Ciudad Móvil Bucaramanga (CMB) el manejo de zonas azules inmovilizadores y el servicio de grúas.

Un negociado que hace 12 años me motivó y condujo a elaborar una demanda que fue presentada por mi equipo jurídico ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que decidió que el contrato era contrario a derecho y lesionaba los intereses de los Santandereanos, porque su beneficio estaba dirigido a enriquecer a unos particulares. Los cepos se cayeron gracias a una demanda que confeccioné y fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander, fallada en favor de los santandereanos y confirmado su fallo por el Consejo de estado. Tal vez por esto el periodista y exrepresentante –testigo de marras, en el tema de los cepos-  me busco; esperanzado en hallar una salida ante tan semejante negociado de “las foto multas”  de Floridablanca.

Por eso y por nada más, se cayó el contrato de los “cepos”. Esa circunstancia de haber entregado -así sea parcialmente- la autoridad inmersa en la administración, gestión, operación y administración del servicio, vicia de nulidad el contrato de concesión, sumándole, que el negocio es lesivo a los intereses de la sociedad, es decir al interés general, pues se entrega una patente de corso a unos particulares para que esculquen el bolsillo de la gente y le lleven una porción mínima a su cómplice, en este caso la Alcaldía de Floridablanca. 

El objeto del contrato es ilegal, al haber incorporado a su cuerpo parte de la función administrativa prohibida de concesionarse

El contrato leonino incorpora también un encargo fiduciario, cuyo representante de fiduciaria alguna no aparece suscribiéndolo. Las únicas partes son la Dirección de Tránsito y la sociedad que se  enriquece sin causa a expensas de la gente, ante la incapacidad administrativa del Estado de organizar y ordenar la gestión administrativa para la movilidad. La patente de corso era un papel sellado que se entregaba a los piratas, para que atacaran y saquearan a los navíos enemigos ante la incapacidad del monarca por defender su territorio. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Será que la administración de Floridablanca ha considerado a los ciudadanos sus enemigos?

Hay mucho por cuestionar de este contrato. El espacio en una columna es limitado. El libelo de las demandas, tendrá seguramente que soportar los epítetos que se manifiesten contra los desconocidos corsarios que se lanzaron por las calles de Floridablanca a atracar y saquear nuestro patrimonio.  Ante tal atrevimiento no queda más que la desobediencia civil.