Bucaramanga, 15 Octubre 2009.

"Colombia se embarcó en un proceso de justicia y paz que se ha desbordado y que no podrá resolverse en menos de 25 años si continúa avanzando al mismo ritmo lerdo y caótico, " es el criterio de los Defensores Públicos. La situación llegó a ese extremo por la testarudez del presidente de la república y algunos de sus asesores quienes extraditaron a los Estados Unidos a los principales responsables de infinidad de de crímenes de lesa humanidad, entre otros, dejando a los jueces con los brazos cruzados. Los defensores reconocen que la justicia ha sido llevada por el gobierno a un peligroso nivel de politización en un desesperado afán de ponerla a su servicio partidista. La falta de presupuestos es visible ante la avalancha que se produjo de aspirantes a justicia y paz y asi disponer de gente que instruya los procesos. Todo al rededor de "Justicia y paz" con los autodefensas o paramilitares da pena y desilusiona. "Si al presidente le corre un poco de sangre por las venas, debiera darle vergüenza haber engañado a los colombianos de esa forma como lo está haciendo".

"El gobierno colombiano, (Álvaro Uribe Vélez), quiso hacer un proceso trascendental pero no midió las consecuencias... Cuando se dio cuenta del problema en el que se estaba metiendo, extraditó a los principales responsables y lo que antes funcionaba como un relojito, empezó a fallar", dijo a el abogado José Abad Zuleta Cano, Defensor del Pueblo de Medellín quien tiene a su cargo la representación de ex miembros de las AUC. La monstruosa verdad del Proceso de Paz de Uribe ha arrojado resultados calamitosos. "...desde que la Ley de Justicia y Paz entró en vigor hace cuatro años, de los 200, 000 casos de víctimas del paramilitarismo sólo uno se ha resuelto y la sentencia fue anulada por la corte en agosto". La Defensoría del Pueblo tiene destinados a 150 de sus abogados para atender exclusivamente casos de víctimas de Justicia y Paz, pero se requieren 1.750 defensores adicionales. El mandatario de los colombianos tiene que responder política y jurídicamente porque no son los jueces o fiscales sino él, el máximo responsable del caos y lentitud en la aplicación de la ley. Después de que creó obstruyo el proceso por motivos que hasta el momento permanecen escondidos.

Los ex militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizaron, con un gran andamiaje de publicidad internacional, debían cooperar con la justicia en el esclarecimiento de masacres, desapariciones y secuestros, pero no fue así. El presidente Uribe actuó con gran presteza a impedirlo y para ello utilizó la extradición por narcotráfico a los Estados Unidos. "Fueron 14 ex cabecillas de las AUC que a sabiendas del daño que le iba hacer a la justicia colombiana, fueron extraditados a Estados Unidos, en mayo del año pasado por el presidente Uribe. El mandatario sabia lo que estaba haciendo y las consecuencias que este hecho tendría, pero lo hizo por encima de todo". Hay que tener en cuenta que, "no hay suficientes magistrados ni jueces para estudiar los casos, mientras los problemas de logística para tomar declaraciones en vivo a los desmovilizados vía Internet en Colombia son cada vez mayores por ausencia de presupuesto que el gobierno Uribe debe girar... otro dolor de cabeza, lograr que las autoridades reúnan a los desmovilizados en un solo centro carcelario a fin de reconstruir colectivamente los hechos que están dispuestos a confesar..."

El mandatario colombiano sabìa lo que estaba haciendo y las consecuencias de extraditar los jefes paramilitares, pero lo hizo por encima de todo"

Una gran verdad: "Esto no lo arregla el presidente Álvaro Uribe, ni el que siga, esto no se soluciona en 25 años si continúa al ritmo en que va... además, la justicia, la ha politizado Uribe en buena parte para ponerla al servicio de sus intereses partidista y eso hace que las cosas se compliquen más. Uribe tiene interés en que ciertos abusos y crímenes del paramilitarismo no se sepan, que permanezcan en la oscuridad absoluta. Podría acelerarse, pero para ello se requiere de un presidente con deseos de hacerlo y que esté totalmente limpio de vínculos en pasados y presentes con las autodefensas, narcotraficantes o paramilitares, que no tema nada a que sus cabecillas hablen y que los jueces y magistrados oigan sin ser interferidos políticamente por el presidente o sus asesores y ministros".

De todas formas, tapar las cosas como quiere Uribe, va a ser imposible y cuando menos se piense, saltarán a la luz pública. Para, Marcos Romero, presidente de Codhes, "...la Corte Penal Internacional podría iniciar investigaciones en casos en los que la justicia colombiana no haya sido efectiva, como por ejemplo en los casos de la Ley de Justicia y Paz... La Corte Penal internacional podrá conocer en Colombia, a partir del próximo primero de noviembre, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que no sean debidamente juzgados en el país. Desde ese día se levantará la salvaguarda del tribunal Internacional, que había sido firmada por los presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. La acción presidencial impedía que la Corte conociera crímenes ocurridos dentro del conflicto armado.

Justicia y paz se ha convertido en otro de los miles de fracasos vergonzosos de Uribe y su gobierno. Intentó algo que parecía bueno, pero cuando se dio cuenta hasta donde podría llegar, comenzó aponerle palos a las ruedas del carruaje de las investigaciones para impedir su camino despejado... Lo interesante estriba en que se abrirá en pocas horas una puerta nueva, la Corte Penal Internacional, donde será posible, en cualquier tiempo, destapar las cosas que Uribe han pretendido mantener ocultas.

Justicia y paz: Cuando Uribe se dio cuenta del problema en el que se estaba metiendo, extraditó a los principales responsables de los crimenes paramilitares