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"El Gobierno español ha violado libertades y derechos"

06/11/2017 10:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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Carta abierta al presidente de la Comisión Europea Juncker y al presidente del Consejo Europeo Tusk.

cc. Primer Vicepresidente Frans Timmermans sobre la defensa del estado de derecho en la Unión Europea.

3 de noviembre de 2017

Estimado Presidente Juncker, estimado Presidente Tusk:

Somos un grupo de académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo que les escribimos con la siguiente preocupación:

La Unión Europea ha declarado que el principio del Estado de Derecho y el respeto de los derechos y libertades fundamentales son vinculantes para sus Estados Miembros (Artículos 2 y 6 del Tratado de Lisboa). Las autoridades de la UE han sido firmes protectoras de estas normas fundamentales, recientemente oponiéndose a los intentos del Gobierno de Polonia de menoscabar la independencia de los jueces, así como a las actuaciones del Gobierno de Hungría para limitar las libertades de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Sin embargo, observamos con profunda preocupación que los órganos gubernamentales de la UE estén consintiendo la violación del Estado de Derecho en España, en particular el modo en que las autoridades centrales de España abordaron el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. No adoptamos ninguna posición política sobre el contenido de la controversia por la soberanía territorial y somos conscientes de las deficiencias de procedimiento en la organización del referéndum. Nuestra preocupación reside en el modo en que un Estado Miembro de la UE está ejerciendo el Estado de Derecho.

El Gobierno español ha justificado sus actuaciones basándose en la preservación o restauración del orden constitucional. La Unión ha declarado que se trata de un asunto interno de España. Las cuestiones de soberanía nacional son, efectivamente, un asunto de política interior en las democracias liberales. Sin embargo, el modo en que las autoridades españolas han estado gestionando las pretensiones de independencia expresadas por una significativa parte de la población de Cataluña constituye una violación del Estado de Derecho, a saber:

1/ El Tribunal Constitucional español prohibió el referéndum sobre la independencia de Cataluña programada para el 1 de Octubre, así como la sesión del Parlamento Catalán programada para el 9 de Octubre, basándose en que estas acciones previstas violan el Artículo 2 de la Constitución española que estipula la indisoluble unidad de la nación española considerando, de este modo, la secesión ilegal. Sin embargo, al hacer respetar por esta vía el Artículo 2, el Tribunal Constitucional ha violado disposiciones relativas a las libertades de reunión pacífica y de expresión ?los dos principios encarnados por los referéndums y las deliberaciones parlamentarias independientemente del asunto que traten. Sin interferir en controversias sobre la Constitución española ni el código penal español, constatamos que es una tergiversación de la justicia ejecutar una disposición constitucional mediante la violación de derechos fundamentales. De este modo, las resoluciones del Tribunal y las actuaciones del Gobierno español para los que estas resoluciones proporcionaban una base legal violan tanto el espíritu como la letra del Estado de Derecho.

2/ En los días previos al referéndum, las autoridades españolas emprendieron una serie de medidas represivas contra funcionarios, diputados, alcaldes, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. La caída de Internet y otras redes de telecomunicaciones durante la campaña del referéndum y posteriormente a la misma tuvo graves consecuencias en el ejercicio de la libertad de expresión.

3/ El día del referéndum, la policía española recurrió a un uso excesivo de la fuerza y violencia contra votantes y manifestantes pacíficos ?según Human Rights Watch. Dicho uso desproporcionado de la fuerza es un indiscutible abuso de poder en el proceso de aplicación de las leyes.

4/ El arresto y encarcelamiento el 16 de Octubre de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (presidentes, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural) acusados de sedición es un error judicial. Los hechos que han dado lugar a esta incriminación no deberían calificarse de sedición, sino como el libre ejercicio del derecho a la manifestación pública pacífica recogido en el artículo 21 de la Constitución española.

El Gobierno español, en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía del estado y la indivisibilidad de la nación, ha violado las libertades y derechos básicos garantizados por la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por los Artículos 2 y 6 de la ley marco de la UE (el Tratado de Lisboa). La violación de libertades y derechos básicos protegidos por la legislación internacional y de la UE no puede ser un asunto interno de ningún gobierno. El silencio de la UE y su rechazo a una mediación creativa es injustificable.

Las actuaciones del Gobierno español no pueden justificarse como un modo de proteger el Estado de Derecho, aunque se basen en disposiciones legales específicas. En contraste con el rule by law (gobernar mediante normas promulgadas a través de un procedimiento legal correcto o dictadas por una autoridad pública), el Estado de Derecho implica también la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales ?normas que hacen que la ley sea vinculante no simplemente porque sea correcta desde un punto de vista procesal, sino porque consagra la justicia. Es el Estado de Derecho, así entendido, lo que proporciona legitimidad a los poderes públicos en las democracias liberales.

Por consiguiente, instamos a la Comisión a que examine la situación de España bajo el marco del Estado de Derecho, del mismo modo que ha hecho anteriormente con otros Estados Miembros.

Las autoridades de la UE han reiterado que la violencia no puede ser un instrumento en política, no obstante, implícitamente ha aprobado la actuación de la policía española y ha considerado que la actuación del Gobierno español se ha ajustado al Estado de Derecho. Una interpretación tan reduccionista y mutilada del Estado de Derecho no puede convertirse en el nuevo sentido común político de Europa. Es peligroso y se arriesga a causar un daño prolongado a la Unión. Por consiguiente, instamos a la Comisión y al Consejo de Europa a que hagan todo lo necesario para devolverle al principio del Estado de Derecho su condición de fundamento de la democracia liberal en Europa refutando cualquier forma de abuso de poder que cometan los Estados Miembros. Sin estos, y sin un firme esfuerzo de mediación política, la UE se arriesga a perder la confianza y el compromiso de sus ciudadanos.

La crisis, entretanto ha seguido avanzando (el Gobierno catalán ha sido detenido, se ha emitido una orden de detención contra el Sr. Puigdemont). Continuamos observando la situación de cerca teniendo presente los intereses de la democracia en Cataluña, España y Europa, ya que son indisociables, e insistimos todavía más en la importancia de que la UE vigile el respeto de las libertades fundamentales de todas las partes.

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Traducción de Paloma Farré.

Esta carta es una iniciativa de Albena Azmanova (Universidad de Kent) y Barbara Spinelli (escritora y miembro del Parlamento Europeo), que se publicó originalmente en inglés en Opendemocracy.

Etienne Balibar, université Paris Nanterre and Kingston University London

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Kalypso Nicolaidis, Oxford University, Director of the Center for International Studies

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