El gobierno de El Salvador pidió este miércoles a la policía hacer uso de sus armas para defenderse de pandillas, a la vez que instó al Congreso a endurecer penas para homicidas de agentes, fiscales y jueces.

"Cualquier miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) que en cumplimiento de su deber en defensa de los ciudadanos, de su integridad, deba hacer uso de su arma de fuego, debe hacerlo sin ningún temor de sufrir consecuencias por ello", declaró el vicepresidente Óscar Ortiz.

El llamamiento del vicemandatario se produce tras divulgarse que miembros de las violentas pandillas del país asesinaron en 2014 a 39 policías, y en lo que va del año se acumulan siete casos más.

A los agentes de policía, "la ley los asiste, hay una institucionalidad establecida en el país y un gobierno que los respalda y que los defiende", aseguró Ortiz, quien asumió la jefatura de Estado en forma interina mientras el presidente Salvador Sánchez Cerén recibe tratamiento médico en Cuba.

Ortiz negó que ello le brinde a la corporación licencia para matar, y aclaró que son medidas para proteger a los agentes.

Para reforzar el combate de la criminalidad, el vicepresidente anunció que este mismo miércoles presentaría al Congreso "disposiciones especiales" al Código Procesal Penal para endurecer las penas a quienes atenten contra policías, soldados y operadores de justicia.

Las reformas buscan reducir el tiempo de la investigación de estos atentados para luego imponer penas a los homicidas, y con ello "garantizar que ningún crimen quede impune o débilmente castigado", explicó Ortiz.

Lo que se busca, según el vicegobernante, son "procesos más rápidos" para combatir el crimen organizado.

La reforma legal también establece medidas severas para los asesinos de policías, quienes deberán permanecer aislados en el centro penal de máxima seguridad donde "no tendrán ningún derecho penitenciario".

En El Salvador se produce un promedio de 13 muertes por día, atribuidos por la policía en su mayoría a las pandillas, pese a que formalmente mantienen vigente una tregua desde el 9 de marzo de 2012.

Las pandillas salvadoreñas tienen unos 60.000 miembros en las calles y más de 10.000 encarcelados.