El ministro de Economía, Luis de Guindos, pidió este miércoles "responsabilidad" a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la socialista Magdalena Álvarez, tras confirmarse su imputación en el llamado 'caso ERE', y aseguró que el BEI abrió un "procedimiento" sobre el asunto.

"A partir de ahora, hay unos procedimientos internos del BEI y lo único que quiero resaltar es que, dada la importancia que tiene esta institución, todos deberíamos ser responsables", declaró De Guindos a la prensa, sin pedir directamente la dimisión de Álvarez.

El BEI, que no confirmó oficialmente la apertura de tales procedimientos, "es una institución muy importante para España. Es una institución que ha proporcionado muchísima financiación, cerca de 80.000 millones de euros", aseguró De Guindos sobre el brazo financiero de la Unión Europea. "Evidentemente, lo único que puedo hacer es una apelación a la responsabilidad en estos momentos", insistió.

El Partido Popular (PP) fue más directo y, por voz de su vicesecretario general Carlos Floriano, pidió la dimisión. "Creo sinceramente que un acto de responsabilidad sería que la señora Álvarez dejase sus funciones", afirmó en una rueda de prensa.

La imputación de la exministra de Fomento (2004-2009), dictada por la juez sevillana Mercedes Alaya, fue confirmada el martes por la Audiencia Provincial de Sevilla, desestimando el recurso presentado por la ex dirigente socialista.

Álvarez fue imputada el 2 de julio de 2013, junto a una veintena de personas, por "prevaricación y malversación" en el marco de sus funciones como consejera de Economía de la Junta de Andalucía (de agosto de 1994 a febrero de 2004).

El PSOE andaluz es investigado por la justicia por la presunta malversación de millones de euros de fondos públicos de ayuda a empleados y empresas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

La exministra y otros imputados son considerados por la juez como presuntos "promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales" por parte del Gobierno andaluz entre 2000 y 2011. La magistrada impuso en marzo a Álvarez una fianza de responsabilidad civil de casi 30 millones de euros.