Así se desprendió de un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación en Colombia dado a conocer en Ginebra Suiza.

Sin embargo ese informe contrasta con las ponencias del Departamento de Estado de Washington, que se abroga el derecho de certificar qué país viola o no los derechos humanos, como verdaderos especialistas en ver la basura en el ojo ajeno sin percatarse del Mondoñedo que tienen en el de ellos.

El Alto Comisionado denunció la ejecución extrajudicial que aún persiste en Colombia, donde los falsos positivos continúan siendo el plato fuerte del que más consumen los militares colombianos.

En lo que no estoy de acuerdo con el Alto Funcionario encargado de vigilar los derechos humanos, es qué diga que el Gobierno Colombiano está haciendo esfuerzos por erradicar definitivamente esta práctica ilegal, porque no es así, nuestros gobernantes están tan involucrados con la degradación de la guerra, hasta el punto de volverse cuestionadores descarados de cualquier fallo judicial que atente contra el buen nombre de una Institución, que no hace sino rehusar la participación de sus efectivos en la violación del principal derecho de un ser viviente, comúnmente conocido como el derecho a vivir.

" Algunos oficiales del Ejército continúan negando la existencia de las ejecuciones extrajudiciales. Estas actitudes no contribuyen a crear una cultura de repudio de estas violaciones, lo que pone en peligro las garantías de no repetición ", este es uno de los apartes desprendidos del citado informe entregado por el Alto Comisionado en comento.

Obviamente que nuestros uniformados seguirán negando por mucho tiempo la existencia de esta práctica ilegal al interior de la institución, por varias razones. La primera porque quien primero muere en combate, es la verdad, la segunda, porque nuestro gobierno accede a la permisividad, obligado por los mismos efectos que deja una verdad asesinada hace mucho rato en Colombia.

Todo lo anterior conlleva a querer ocultar casos serios de violación al derecho fundamental en Bogotá, donde últimamente se han visto policías involucrados en serios delitos de lesa humanidad como sucedió en el caso del graffitero y el menor recientemente quemado vivo, por lo que acusan a dos uniformados. Casos puestos en evidencia por tener la suerte del video, la imagen oculta, en pocas palabras, gracias a la tecnología a la mano que ofrece tener un celular con CAM. Nos hemos preguntado alguna vez ¿Cuántos muertos de esos que aparecen por ahí llevarán la huella militar encima? O en otro caso ¿Cuántos inocentes estarán pagando como chivo expiatorio un crimen ocultando la huella militar? A mí en Colombia nada me sorprende.

Por lo menos el Alto Comisionado, admite haber observado en departamentos como Arauca, Cauca, Cesar, incluso en Bogotá, características que ponen en evidencia la proliferación de actos criminales contra la población civil, no solo por parte de grupos ilegales sino con la participación de algunos miembros de las Fuerzas Militares.

Por lo mismo en su informe le pide al Ejecutivo Nacional, que presione al Ejército para que integre las perspectivas de derechos humanos en todas sus actuaciones, y que se abstenga a través de la justicia militar, iniciar investigaciones " o reclamar la competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ".

Tristemente nuestro ejecutivo pelea más por agrandar el fuero militar, la impunidad y más competencias a la Justicia Penal Militar, en contraprestación que da el servicio de las armas al sostenimiento de una gobernabilidad corrupta a lo ancho y largo de nuestra Geografía Nacional.

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