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Colombia ofició con relativo éxito como anfitrión del Mundial de Fútbol sub-20 durante julio-agosto del 2011.

Dicho evento requirió inversiones gubernamentales no muy cuantiosas, por un valor cercano a los $140.000 millones (US$80 millones). Dichas inversiones, además, tuvieron la ventaja de aplicarse al mejoramiento de estructuras ya existentes, con claro beneficio de trascendencia para ulteriores actividades locales.

Todavía no se tiene un balance financiero completo de costos vs. ingresos, tanto a nivel público como privado.

Por ejemplo, la FIFA y su componente local (Federación Colombiana de Fútbol) deberían explicar cuáles son los réditos netos en: i) boletería; ii) patrocinios nacionales; iii) turismo; y iv) negocios empresariales. El primer balance que se ha escuchado es que la cifra de visitantes no fue la de los 35.000 esperados, sino cerca de 10.000-15.000, pero al menos no se dejaron "elefantes blancos" con elevados lucros cesantes.

En este sentido, la experiencia colombiana ha resultado positiva frente a lo acontecido en otras latitudes. Por ejemplo, Kuper y Szymanski en "Soccernomics (2010)" señalan que en el mundial de Sudáfrica (2010) se incurrieron en algunos costos "faraónicos", ahora reflejados en su deuda pública.

Algo similar había ocurrido con las olimpiadas en Montreal (1976) y en Calgary (1988), con deudas cercanas a los US$1.000 millones en cada caso.

Dada la actual crisis de la "periferia" de Europa, se están revisando los impactos que pudieron tener los juegos de Atenas en 2004. Cabe recordar que su impacto esperado era de unos US$3.000 millones, pero cuentas posteriores lo elevan a los US$11.000 millones. Si bien sus elevadas cargas de seguridad social han sido el principal detonante, el legado de estos "elefantes blancos" ha venido a agravar la situación.

Los juegos olímpicos de Pekín 2008 también arrojaron un saldo en rojo descomunal en inversión: US$44.000 millones, los cuales están siendo absorbidos gracias a una economía que ha continuado creciendo a tasas promedio del 9% real por año. Ahora, la preocupación se ha volcado sobre Londres, pues su economía se encuentra bastante maltrecha, precisamente cuando debe asumir elevados gastos para enfrentar sus juegos olímpicos del 2012. Se tienen presupuestados gasto por cerca de US$15.200 millones y no está del todo claro su financiamiento. Algo similar va a ocurrir con Brasil en la preparación para el mundial de fútbol del 2014, lo cual requerirá inversiones por US$9.420 millones, y en los preparativos para los juegos olímpicos de Río de Janeiro del 2016, cuyas cifras de inversión bordean los US$50.000 millones. Cabe recordar que el crecimiento del Brasil se ha desacelerado marcadamente hacia sólo un 3% anual durante 2011-2012, todo lo cual podría traer un descalabro financiero y fiscal, de no actuarse con cautela.

The Economist (mayo 20 de 2004) señalaba que tal vez la única forma de salvar las finanzas públicas de Gran Bretaña era poner rápido un anuncio que dijera: "Se subasta al mejor postor organización de las Olimpiadas 2012, con descuento especial para Francia".

De hecho, son pocas las experiencias exitosas a posteriori. Dentro de ellas se cuenta felizmente el caso de Barcelona (1992), con ganancias netas de US$5 millones; además de haberle cambiado la fachada a la ciudad para siempre. Otros casos relativamente exitosos han sido Atlanta (1996), Los Ángeles (1984), Seúl (1988) y, en menor medida, Sydney (2000).

En síntesis, Colombia se puede dar por bien librada de haber evitado "elefantes blancos", así la asistencia turística no hubiera sido la esperada. Sin embargo, este no debe ser un aliciente para pensar en organizar futuros juegos olímpicos o mundiales de fútbol de mayores. Tal vez, lo más prudente es esperar a evaluar los descalabros fiscales que seguramente experimentarán Gran Bretaña y Brasil en los próximos años.

De primero lo primero: organicémonos a ver cómo es que vamos a pagar: i) la salud universal e ilimitada; ii) la reversión pensional hacia el seguro social; iii) la contención de las "bacrim"; iv) la restitución de tierras; y v) la urgente reforma al sector justicia.