La justicia en Venezuela declaró este lunes "constitucional" la sexta prórroga del decreto de emergencia económica que otorga al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para enfrentar la grave crisis del país.

Maduro gobernó todo el año 2016 bajo un estado de excepción extendido en sucesivas oportunidades con la validación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pese a haber sido rechazado por el Parlamento, de mayoría opositora, institución a la que le corresponde por ley su aprobación.

La Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, "verificó la conformidad constitucional" del decreto "dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional", señaló una sentencia difundida en horas de la noche.

Maduro acusa al empresariado venezolano de llevar adelante, junto con la oposición, "una guerra económica" para provocar desabastecimiento de alimentos y medicinas y, así, generar descontento popular.

Bajo los poderes especiales concedidos, el gobernante socialista ha podido aplicar medidas especiales, como la expropiación de panaderías la semana pasada en la que llama "la guerra del pan", acusando a los comerciantes de acaparar la harina de trigo, necesaria para elaborar el producto, e inducir escasez.

La máxima corte venezolana alega que el Parlamento está en desacato a la justicia por haber juramentado a tres diputados opositores acusados de fraude y que por ello sus decisiones son nulas.

"Resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato", ratificó el nuevo fallo del TSJ.

Además de aguda escasez de comida y medicamentos, Venezuela sufre la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% para 2017 por el FMI.